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WASHINGTON.- La IIRAIRA ha desgarrado el tejido de nuestra sociedad al separar familias y criminalizar a nuestros vecinos inmigrantes.
Durante la administración Trump, las agencias migratorias han lanzado una campaña masiva de terror contra familias inmigrantes, con redadas, detenciones y deportaciones como nunca antes en la historia reciente.
Las consecuencias de estas agresiones por el presidente contra los inmigrantes son evidentes. Sin embargo, muchos han olvidado que elementos clave de la infraestructura legal, así como el propio lenguaje que vincula la inmigración con la criminalidad, al cual nos hemos acostumbrado tanto, se construyeron mucho antes de su administración.
Fundamentos claves de las políticas racistas y antiinmigrantes de Trump se establecieron hace 30 años, cuando la administración Clinton aprobo la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria de 1996 (IIRAIRA, por sus siglas en inglés).
La IIRAIRA presentó el acto de emigrar a Estados Unidos como una actividad potencialmente criminal, creando el concepto de “condición de extranjero criminal”. Esta ley amplió drásticamente las repercusiones migratorias derivadas de condenas penales o infracciones. Asimismo, en muchos casos impidió que los jueces de inmigración otorgaran protección caso por caso a inmigrantes con situaciones excepcionales o dignas de especial consideración.
Como parte de la ola legislativa de “mano dura contra el crimen” impulsada por Clinton en los años 90, la IIRAIRA permitió que las agencias de control migratorio trataran a los inmigrantes como delincuentes y preparó el terreno para las políticas racistas y antiinmigrantes que presenciamos hoy. La IIRAIRA también creó el programa 287(g), que autoriza a la policía local a arrestar y detener a inmigrantes en nombre de las agencias federales de inmigración; una facultad que el ICE ha utilizado para sembrar el terror entre los inmigrantes de todo el país bajo la administración Trump.
La IIRAIRA amplió considerablemente la lista de causantes de sanciones migratorias y, al mismo tiempo, hizo que dichas normas fueran más imprecisas. Lo que comenzó centrándose en los delitos más graves terminó abarcando también infracciones menores. La IIRAIRA dificultó enormemente que los inmigrantes solicitaran asilo y estableció fundamentos para detener y deportar a un número mucho mayor de personas, incluidos los residentes legales permanentes. Entre estas medidas se incluyó la prohibición de reingreso para los inmigrantes deportados y la tipificación del reingreso como delito penal; esto último criminaliza aún más a los inmigrantes y constituye actualmente el cargo más frecuente en los procesos judiciales por motivos migratorios.
Otro daño derivado de la incorporación de la ley IIRAIRA es el marco jurídico que esta creó para la detención masiva sin el debido proceso. Estados Unidos cuenta actualmente con el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo; en él, millones de personas han sido detenidas sin acceso garantizado a representación legal y a menudo en condiciones inhumanas. Para julio de 2026, más de 65.000 personas permanecían bajo custodia del ICE y ?al igual que aquellas ya deportadas? más del 70 por ciento carecía de antecedentes penales.
Todas las administraciones tras la de Clinton ampliaron la categoría de infracciones por las que los inmigrantes podían ser detenidos y deportados. Ya bajo la administración Obama, más de 20 categorías de delitos constituían motivo de deportación. Al mismo tiempo, el derecho penal y la legislación migratoria comenzaron a operar de manera conjunta, en un proceso que los expertos jurídicos denominaron “crimigración”.
El aumento de las “infracciones susceptibles de deportación” vino acompañado de una retórica que vinculaba a los inmigrantes con la criminalidad, a pesar de los numerosos estudios estadísticos que demostraban tasas de delincuencia más bajas entre los inmigrantes que entre la población nativa. Cuando el presidente Trump afirmó, durante el lanzamiento de su campaña presidencial en 2015, que los inmigrantes mexicanos “traían drogas… traían delincuencia” y los llamo “violadores”, la opinión pública estadounidense ya estaba predispuesta a asociar a los inmigrantes con la criminalidad.
En las décadas desde la aprobación de la IIRAIRA, LatinoJustice PRLDEF y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han cuestionado una y otra vez la percepción de los inmigrantes como delincuentes como las leyes y prácticas que han generado la vía rápida que va de la acusación penal a la deportación? que presenciamos hoy en día. Presentamos nuestra primera demanda contra los acuerdos 287(g) en 2009, logramos una indemnización de 112 millones de dólares el año pasado para inmigrantes que habían permanecido detenidos ilegalmente a la espera de ser entregados al ICE, e iniciamos el más reciente de estos litigios al comienzo de la actual administración, en 2025.
A lo largo de los últimos 30 años, la IIRAIRA ha desgarrado el tejido de nuestra sociedad al separar familias y criminalizar a nuestros vecinos inmigrantes. Revertir la IIRAIRA y sus consecuencias perjudiciales debe formar parte de un plan más amplio para deshacer el entramado de leyes que tratan la inmigración como un “pre-delito”, así como para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional y sus mecanismos punitivos y militarizados. Esta es la única manera de contar, de una vez por todas, con el sistema migratorio que nos merecemos.
Rex Chen es el abogado supervisor de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice PRLDEF.
