Quintaesencia
Acceso a la justicia
Rafael Ciprián
El acceso a la justicia en la República Dominicana, lamentablemente, sigue siendo una de las grandes deudas de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, conforme lo prefigura nuestra Constitución, en su artículo 7. Hay progresos innegables en la modernización institucional, la digitalización de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales. Pero la realidad es que para la inmensa mayoría de los nacionales obtener justicia resulta un camino largo, malo, costoso, desigual y casi siempre frustrante.
La justicia no puede medirse solo por la cantidad de casos resueltos, edificios construidos o plataformas tecnológicas operando. Tenemos que medirla por la protección que brinde a los derechos de las personas, en igualdad ante la ley, y las respuestas oportunas, sin importar la condición económica o social de quien la reclama, como debe ser, más que pedirla o rogarla.
La preocupación mayor es la desigualdad en el acceso a la justicia. La persona con recursos económicos puede contratar representación legal especializada, trasladarse, pagar procedimientos y sostener un litigio durante años. En cambio, una familia de escasos ingresos deja de reclamar sus derechos porque no tiene recursos para el proceso judicial. Cuando la capacidad económica determina quién puede defenderse mejor, la igualdad ante la ley se convierte en una ficción.
A esto se suman la mora judicial, oculta en porcentajes manipulados, la insuficiencia de personal y la falta de orientación. El informe del PNUD sobre justicia y desarrollo humano de 2026 identifica obstáculos relacionados con las demoras, los costos legales y las dificultades de traslado. Esto es, que el problema no consiste únicamente en que existan tribunales, sino en que la ciudadanía pueda utilizarlos efectivamente.
La situación penitenciaria es deplorable. La Oficina Nacional de Defensa Pública advirtió en octubre de 2026 que el 64.57 % de la población de internos se encontraba en prisión preventiva y que el hacinamiento alcanzaba el 142.26 %. Como se trata a los privados de libertad dice lo que es la sociedad.
Otras tareas pendientes son la necesidad de fortalecer la independencia judicial, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. La justicia debe estar libre de presiones políticas, económicas y de cualquier interés particular. No puede haber ciudadanos privilegiados frente a la ley ni expedientes favoritos.
