Prensa Latina
BRASILIA.- El Banco Central de Brasil ampliará desde el próximo 1 de octubre el control sobre las operaciones con criptomonedas y exigirá comunicar transferencias de 10 mil dólares o más, reportaron hoy medios de prensa.
Esta iniciativa, expuso agencia Brasil, forma parte de las medidas destinadas a fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La nueva disposición alcanza las transacciones realizadas desde o hacia billeteras autocustodiadas, aquellas en las que el propio usuario mantiene el control de los activos y de las claves privadas, sin un intermediario encargado de la custodia.
El límite de 10 mil dólares establece una obligación de comunicación y no constituye una prohibición ni un tope para las operaciones con criptomonedas, precisó la autoridad monetaria.
Una transferencia superior a ese monto entre una prestadora de servicios de activos virtuales y una billetera controlada directamente por el cliente deberá ser informada al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
Según el Banco Central, las billeteras autocustodiadas pueden generar menor disponibilidad de datos para el seguimiento de las operaciones, por lo que la nueva exigencia busca ampliar la transparencia y el monitoreo de movimientos de mayor valor.
El COAF recibe, analiza y remite información sobre transacciones que puedan presentar indicios de irregularidades financieras.
La comunicación de una operación no significa que sea ilegal ni que exista una investigación contra sus participantes.
También, las nuevas disposiciones establecen exigencias adicionales para las prestadoras de servicios de activos virtuales, relacionadas con protección y transparencia para los clientes, prevención del lavado de dinero, seguridad, controles internos y suministro de información al regulador.
Las empresas deberán informar claramente los riesgos de las operaciones, sus políticas de seguridad y las tarifas aplicadas, además de evaluar el perfil de riesgo de sus clientes antes de determinadas operaciones.
Algunas obligaciones específicas sobre el envío de información para la supervisión del Banco Central comenzarán a regir el 1 de enero de 2027.
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