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WASHINGTON.- La propuesta del Gobierno de Donald Trump para multar por desacato en tribunales de inmigración excluiría a los abogados de ICE, generando críticas.
La Administración del presidente Donald Trump busca ampliar las facultades de los jueces de inmigración para imponer multas de hasta $3,500 dólares a inmigrantes, abogados y testigos que desobedezcan órdenes judiciales, mediante una nueva normativa que ya se encuentra en proceso de revisión pública.
La propuesta permitiría que los jueces de inmigración establezcan sanciones civiles de entre $1,000 y $3,500 dólares cuando una persona persista en incumplir las instrucciones emitidas por el tribunal, una autoridad que hasta ahora no estaba disponible de esta manera en las cortes migratorias.
La normativa fue publicada en el Registro Federal por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, organismo encargado de administrar los tribunales de inmigración en Estados Unidos.
Uno de los aspectos que ha provocado cuestionamientos es que las nuevas sanciones no podrían aplicarse a los abogados que representan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una diferencia que organizaciones de abogados consideran injustificada.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la propuesta como “totalmente sesgada” y sostuvo que constituye otro mecanismo de presión contra los abogados especializados en inmigración.
La regla, afirmó Chen en declaraciones a CBS, estaría “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente”.
Abierta por 60 días
La propuesta permanecerá abierta durante 60 días para recibir comentarios del público antes de que las autoridades determinen los siguientes pasos.
El debate se produce además en medio de una estrategia más amplia de la Administración Trump para utilizar sanciones económicas contra personas que permanecen en Estados Unidos después de recibir una orden de salida.
Más de 100,000 extranjeros han recibido comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que se les informa que deben pagar $998 dólares por cada día que hayan permanecido en el país después de una orden de deportación, según datos citados por The New York Times.
En algunos casos, las cantidades acumuladas han superado ampliamente el millón de dólares. Una mujer mexicana, madre de tres ciudadanos estadounidenses, recibió una multa de $1,820.352 dólares por supuestamente haber permanecido en Estados Unidos desde 2013 pese a una orden de salida.
La iniciativa sobre el desacato también vuelve a poner bajo escrutinio la estructura de los tribunales de inmigración. Estas cortes forman parte de la rama ejecutiva del Gobierno federal y no del Poder Judicial, por lo que el Departamento de Justicia tiene capacidad para modificar sus normas y procedimientos.
