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PERÚ.- Un proyecto para evitar que policías y militares eviten la justicia ordinaria ante eventuales delitos es parte de una serie de gestos para asegurar su apoyo al gobierno entrante de Keiko Fujimori, indicaron expertos consultados por Sputnik.
A días de que la política asuma el poder en Perú, el fujimorismo busca dar gestos de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía que podrían consolidar más el apoyo de estos sectores, durante una gestión que tiene el combate a la criminalidad como una de sus prioridades y que anticipa que puede enfrentar protestas en su contra.
Un ejemplo de eso lo dio el congresista de Fuerza Popular y uno de los mayores referentes del fujimorismo Fernando Rospigliosi, que desde la presidencia del Congreso aprovechó los últimos días del régimen unicameral para promulgar la ley 32.735, que establece que los delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú deben ser materia de la Justicia Militar Policial y no resueltos en juzgados penales ordinarios.
Rospigliosi, desde su lugar de presidente del Congreso, decidió promulgar la ley a pesar de que la tarea le correspondía al Gobierno del presidente José María Balcázar. El titular del Congreso utilizó la facultad que le permite proceder a la promulgación ante el silencio del Poder Ejecutivo, que había evitado pronunciarse sobre el tema.
Para el dirigente fujimorista, la ley era necesaria porque a militares y policías "los persiguen para evitar que luchen contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo".
En diálogo con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena explicó que, si bien la iniciativa no podría atribuirse al mandato de Fujimori, sí fue respaldada por el fujimorismo y "no pareciera ser del desagrado de la presidenta", por lo que se mantendrá vigente durante el próximo período de Gobierno.
"Si en algo está de acuerdo el sector político que Keiko Fujimori representa, es en la necesidad de proteger a las fuerzas del orden, incluso en situaciones de convulsión social que muchas veces hacen que se cometan excesos como los que se dieron al inicio del Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025)", explicó.
En efecto, la bancada de Fuerza Popular había sido uno de los más acérrimos defensores de Boluarte y la represión de las protestas que se levantaron al inicio de su gestión y en rechazo a la destitución de Pedro Castillo (2021-2022), que derivaron en la muerte de 49 manifestantes, según la Defensoría del Pueblo del país sudamericano.
Para Requena, aunque la nueva ley no sea retroactiva para los agentes investigados por la Justicia por aquellos episodios, "sí puede ser un mensaje para lo que podría venir en adelante", en caso de que el Gobierno enfrente una alta conflictividad.
En busca de la simpatía militar y policial
También consultado por Sputnik, el analista político y experto en temas de Defensa Martín Manco consideró que el blindaje judicial que el fujimorismo impulsó en el Congreso tiene un objetivo "dual".
"Por un lado, se busca blindar a las Fuerzas Armadas para que no sean juzgados por tribunales ordinarios si tuvieran algún exceso o abuso de autoridad durante el combate a la criminalidad y el sicariato. Por otro lado, también tener a las Fuerzas Armadas y la Policía del lado del Gobierno de Keiko Fujimori", opinó.
En ese sentido, Manco consideró que se trata de "estrategias ya conocidas en Perú" y que incluso fueron utilizadas durante las gestiones de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria electa, que apeló a las Fuerzas Armadas para encargarse del combate a organizaciones terroristas, particularmente la conocida como Sendero Luminoso.
Para Manco, Keiko Fujimori puede apostar por "tácticas similares" a las de su padre, aunque ya no contra "organizaciones terroristas", sino contra grupos criminales dedicados a la extorsión y el sicariato.
En opinión de Requena, si bien han buscado mantener un perfil más "pragmático" durante la sucesión de presidentes que se ha dado durante la última década en Perú, las Fuerzas Armadas sí parecen "haber vuelto a tener un peso político" en el contexto peruano. Según el analista, eso ya se vio en septiembre de 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) se fotografió con los altos mandos militares para exhibir su respaldo frente a un Congreso que promovía su destitución.
Para el experto, desde entonces "el poder político civil ha ido a tocar las puertas de los cuarteles", buscando congraciarse con estos sectores ante posibles crisis políticas. Incluso, señaló, en la actualidad "la mayoría de los partidos políticos tiene algún oficial retirado como congresista".
De todas maneras, enfatizó el experto, las Fuerzas Armadas parecen mantener cierta cautela, aunque aprovechando las oportunidades que el poder político les otorga para "empujar sus intereses o sus agendas con el gobierno de turno". El ejemplo más reciente es el impulso que los mandos militares han dado a la renovación de armamento militar, logrando que los últimos gobiernos avanzaran en la compra de aviones caza supersónicos para la Fuerza Aérea, tanques para el Ejército y fragatas para la Marina.
Manco, en tanto, señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori se preocupará por cumplir estas demandas a cambio de garantizarse el apoyo militar y policial. "El mensaje es 'los tengo contentos con la actualización de armamento relegada por tantos años, pero, por otro lado, apóyenme en esta segunda etapa de pacificación del Perú'", ilustró.
El experto subrayó que, si bien no todos los militares respaldan políticamente a Keiko Fujimori, la presidenta electa sí es apoyada por una buena parte del gremio, "sobre todo en la Marina y la Fuerza Aérea". "Hay una inclinación a apoyar a Keiko, dada la afinidad que en su momento tuvieron con su padre", consignó.
Los otros aliados estratégicos para Keiko
De hecho, la propia Fujimori se encargó de mantener viva la simpatía de los efectivos que estuvieron en funciones durante la gestión de su padre con un encuentro con la Asociación Nacional de Veteranos de la Pacificación y Defensores de la Democracia, una organización en la que participan policías que se desempeñaron en los operativos contra el terrorismo durante la década de 1990.
Durante el encuentro, la presidenta electa agradeció a los exfuncionarios por "haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos" y pidió que su labor sea "inspiración para la policía actual". Además, la mandataria entrante invitó a la institución a participar del desfile cívico-militar que abrirá su gestión el 29 de julio.
Requena remarcó que, "sin duda, estas organizaciones de oficiales retirados tienen un peso relevante y son una voz muy escuchada" en los ámbitos militares y policiales, por lo que el gesto de la presidenta electa también va en sintonía de ganarse el apoyo del gremio de las fuerzas de seguridad.
Manco, por su parte, sostuvo que la presidenta electa "ha estado jugando bien sus fichas" con este tipo de gestos. "Va en la línea de asegurar la complacencia de las Fuerzas Armadas y que ellos también lo hagan. Yo te blindo y tú me blindas, ese es el mensaje", sintetizó.
