Prensa Latina
ECUADOR.- Ecuador y Estados Unidos firmaron una Carta de Implementación de la estrategia Frontera Segura para acciones contra el crimen organizado en medio del debate abierto hoy sobre la creciente participación estadounidense en la estrategia de seguridad.
Según las autoridades ecuatorianas, el acuerdo contempla asistencia técnica, coordinación operativa e intercambio de capacidades para prevenir, detectar y responder a amenazas en las zonas fronterizas, entre ellas el narcotráfico, la migración irregular y otras actividades ilícitas.
El acuerdo llega pocos días después de que el presidente Daniel Noboa ratificara la existencia de un conflicto armado interno mediante el Decreto Ejecutivo 424, que además abre la puerta a una mayor cooperación con fuerzas extranjeras en operaciones de seguridad.
Para el analista especializado en seguridad y crimen organizado Renato Rivera, toda cooperación internacional resulta relevante para un país que enfrenta elevados niveles de violencia como Ecuador, aunque considera necesario examinar los intereses detrás de estas iniciativas.
En entrevista con el canal Ecuavisa, Rivera llamó la atención sobre el hecho de que el plan piloto de Frontera Segura comience en la norteña provincia de Carchi, pese a que, según explicó, otras zonas de la frontera norte como Sucumbíos presentan mayores niveles de conflictividad vinculada al narcotráfico y a los cultivos ilícitos.
A juicio del experto, la profundización de los vínculos con Washington se enmarca en un contexto de alineamiento político e ideológico entre gobiernos de la región y Estados Unidos, aunque advirtió que Ecuador aún no define con claridad una estrategia propia de seguridad.
El especialista también cuestionó algunos aspectos del reciente decreto que ratifica la existencia de un conflicto armado interno, especialmente las disposiciones sobre indultos y garantías para actores vinculados a operaciones de seguridad.
“Desde mi perspectiva es excesivo y parecería ser más un mecanismo de blindaje político”, afirmó.
En su opinión, las medidas adoptadas por el Ejecutivo no responden a una estrategia integral para enfrentar la violencia criminal, cuyos niveles continúan siendo elevados pese a los operativos desplegados en frente a unas estructuras criminales cada vez más complejas y fragmentadas.
En ese sentido, insistió en que las políticas de seguridad deberían incorporar acciones dirigidas a combatir el lavado de activos, fortalecer la inteligencia financiera y atender las causas sociales y económicas que favorecen el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales.
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