SPUTNIK
MOSCÚ.- El Parlamento del bloque y el Consejo Europeo, que representa a los veintisiete Estados miembros, alcanzaron un acuerdo definitivo sobre el nuevo reglamento de retornos, un paso decisivo para endurecer la política migratoria de la Unión Europea.
El nuevo reglamento sustituirá a la directiva de 2008 y tiene como objetivo principal acelerar los tiempos de expulsión e incrementar significativamente el número de migrantes en situación irregular que son devueltos fuera de las fronteras comunitarias.
La gran novedad y el punto más controvertido del nuevo marco jurídico es la validación legal para la creación de los denominados "centros de retorno" o centros de deportación ubicados en terceros países, fuera del territorio de la Unión Europea. Estos complejos externos servirán para albergar y gestionar la expulsión de aquellas personas que, a pesar de tener la obligación de abandonar el suelo europeo, no pueden ser repatriadas de forma directa e inmediata a sus países de origen por diversas complejidades logísticas o diplomáticas.
Para la puesta en marcha de estas instalaciones transfronterizas, la normativa estipula que los terceros países de acogida deberán suscribir previamente un acuerdo formal, ya sea de forma bilateral con un Estado miembro o directamente con la Unión Europea en su conjunto.
Asimismo, el reglamento introduce la llamada "Orden Europea de Retorno", un mecanismo unificado que permitirá que una orden de expulsión emitida por cualquier país del bloque tenga validez automática y pueda ser ejecutada en todo el territorio comunitario, terminando con la fragmentación actual. La urgencia institucional de la UE por agilizar los retornos ha quedado en evidencia en el plano diplomático, coincidiendo las negociaciones finales con la preparación en Bruselas de un encuentro con una delegación de Afganistán.
Esta reunión busca explorar vías prácticas para materializar las repatriaciones de ciudadanos afganos en situación irregular, una medida impulsada por una veintena de Estados miembros ante el estancamiento de las expulsiones hacia ese país desde 2021.
A pesar de que las autoridades comunitarias defienden la nueva legislación como necesaria para empezar a arreglar las agotadas cuentas públicas, el proyecto ha despertado severas críticas de organizaciones civiles y colectivos médicos.
Los detractores advierten sobre los riesgos de vulneración del derecho internacional de asilo y alertan de que las medidas punitivas y de control migratorio incrementarán la desprotección de los refugiados y generarán un clima de temor generalizado. El reglamento ahora aguarda su ratificación formal y posterior publicación para entrar en vigor.
