Prensa Latina
BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encargó hoy al ministro de Hacienda, Dario Durigan, evaluar los posibles perjuicios para empresas y bancos nacionales derivados de un reciente anuncio de Estados Unidos.
El mandatario formuló la solicitud durante una reunión en el Palacio de la Alvorada, donde ambos analizaron las consecuencias de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de clasificar a las organizaciones criminales Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas.
Según Durigan, la principal preocupación del Gobierno brasileño radica en los efectos que eventuales protocolos, sanciones o restricciones externas puedan tener sobre la soberanía económica nacional y la estabilidad de las instituciones financieras del país.
Citado por la Agencia Brasil, el funcionario advirtió que existe temor a que una aplicación excesivamente discrecional de medidas por parte de Washington provoque daños injustificados a la economía brasileña.
“Seguiremos combatiendo a las organizaciones criminales, pero debemos evitar perjuicios irreales o fantasiosos para nuestra economía. Tenemos que impedirlo a toda costa. Sería una gran injusticia”, declaró Durigan tras el encuentro con Lula.
El ministro explicó que la estrategia del Gobierno consiste en impedir que empresas y bancos brasileños sean objeto de sanciones o restricciones basadas en criterios que no reflejen una realidad concreta.
Asimismo, reiteró su disposición a dialogar con autoridades estadounidenses sobre la clasificación de las facciones criminales como organizaciones terroristas, aunque aclaró que todavía no existe una reunión programada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Durigan aseguró que, una vez concluido el diagnóstico sobre los posibles impactos de la medida, trasladará la posición brasileña a las autoridades norteamericanas.
El titular enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es proteger a los empresarios, los empleos y las instituciones financieras de posibles interferencias externas.
Diversos sectores criticaron la decisión de Estados Unidos de clasificar al PCC y al CV como terroristas, al advertir sobre los riesgos de esa decisión para la soberanía nacional.
En una nota difundida en respuesta a esa acción norteamericana, que entrará en vigor el 5 de junio, el Gobierno brasileño afirmó que corresponde de manera exclusiva al gigante sudamericano definir cómo combate y clasifica al crimen organizado dentro de su territorio.
Tales facciones criminales no encajan en la definición jurídica de terrorismo prevista en la legislación nacional, pues actúan con motivaciones económicas y de control territorial, no ideológicas, puntualizó el Ejecutivo.
La soberanía nacional es innegociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos, indicó esa declaración.
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