SANTO DOMINGO: La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido, en su informe final, las alternativas presentadas por el sector empleador orientadas a modernizar el Código de Trabajo y reducir los costes operativos que limitan el crecimiento de las empresas.
En ese sentido, la presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, señaló que para que la reforma laboral cumpla con su objetivo de fomentar la creación de empleos formales y elevar la competitividad del país, “es imperativo abordar aspectos estructurales que representan una carga desproporcionada para el sector productivo nacional”.
Dentro de las sugerencias fundamentales entregadas por la institución para ser incorporadas en la pieza legislativa, la gremialista patronal destacó la necesidad de limitar el astreinte establecido en el artículo 86.
Al respecto, la entidad propone un tope de seis meses a estas “pecuniarias sanciones para evitar que multas acumulativas comprometan la solvencia de las pequeñas y medianas empresas”.
Asimismo, Copardom aboga por una revisión profunda en el método de cálculo de la cesantía, sugiriendo que se realice sobre la base del salario promedio para aportar mayor previsibilidad a los costos de terminación de contrato y garantizar la estabilidad financiera de las organizaciones.
Por igual, solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, lo que permitiría una gestión financiera más real y transparente de las obligaciones patronales.
Complementando estas medidas, Peña Izquierdo planteó aumentar el período de prueba de tres a seis meses, “práctica que ya se viene implementando con éxito en otros países de la región”, lo que permitiría una mejor evaluación, capacitación y adaptación del talento humano a los puestos de trabajo.
A pesar de los recientes reportes sobre la falta de visibilidad del informe en la Cámara Baja, la Copardom reiteró su disposición al diálogo continuo, sosteniendo que la modificación del Código de Trabajo “es una oportunidad histórica para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de quienes generan empleo”.
La dirigente empresarial afirmó que la posición de la entidad ha sido clara al no buscar la eliminación de derechos, sino la adaptación del marco legal a la realidad económica del siglo 21.
“Confiamos que los legisladores hayan escuchado las inquietudes de los sectores que dinamizan la economía y que el informe final refleje un consenso que priorice la sostenibilidad del sistema laboral dominicano”, precisó.
