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LA PAZ, Bolivia.- En la ciudad de Cochabamba se reunieron cientos de campesinos y referentes barriales que apoyan al expresidente Evo Morales, uno de los grandes ganadores de las recientes elecciones subnacionales, en las cuales su candidato, el exsenador Leonardo Loza, se impuso en primera vuelta para la Gobernación de este departamento.
De nuevo con una base territorial sólida, el exmandatario y sus seguidores dieron un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz para atender varias demandas sociales, de lo contrario, advirtieron con iniciar medidas de presión.
El líder de todos los presentes, Evo Morales (2006-2019), no se acercó a la capital cochabambina. Desde finales de 2024 está refugiado en las poblaciones del Trópico de Cochabamba, distante a cuatro horas por carretera. Sobre el expresidente pesa una orden de detención debido a que, en 2016, habría tenido una relación con una menor de edad, la cual habría dado a luz una niña de la cual sería el padre.
El gobernador electo, Leonardo Loza, tampoco estuvo presente. Justo en la misma jornada había sido convocado por el presidente Paz, junto a los otros ocho gobernadores que asumirán el próximo 4 de mayo. En ese encuentro, en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario les transmitió su deseo de coordinar y trabajar juntos, más allá de coincidencias o diferencias ideológicas.
En su reunión, los seguidores de Morales explicitaron su apoyo a la marcha indígena campesina, cuya llegada a la ciudad de La Paz está prevista para el próximo 1 de mayo. Sostuvieron que, si son convocados por su ente matriz, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), o la Central Obrera Boliviana (COB), se sumarán a las filas de marchistas, que ya son unos 3.000.
Los movilizados exigen la abrogación de la ley 1720, la cual pondría en peligro a las pequeñas propiedades agrarias, que según la Constitución son un bien familiar intransferible e inembargable.
Los seguidores de Morales, por su parte, exigieron al Gobierno nacional dar solución a la crisis por la falta de combustible, a lo cual se suma la mala calidad del disponible, que ya ocasionó daños a los motores de miles de vehículos en todo el país.
Nelson Virreira, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), dijo a Sputnik que realizaron "un análisis profundo de la ley 1720, una ley que no ha sido consensuada y que ha sido promovida por los grupos de poder del oriente, por los agroindustriales. Esta ley afecta los intereses de los pequeños productores del campo".
Consideró que "la pequeña propiedad campesina está garantizada en la Constitución, pero si la convertimos a mediana propiedad vamos a tener que pagar impuestos y cumplir con la Función Económica Social (FES). Es un atentado contra el patrimonio de las familias y las comunidades campesinas".
Un diálogo necesario
El encuentro fue realizado en el Coliseo Evo Morales, en la capital valluna. Entre otros, participó el actual gobernador, Humberto Sánchez, quien dio a Sputnik su visión sobre el conflicto en torno a la ley 1720.
"Los sectores sociales están manifestándose conforme a la Constitución, sin perjudicar a los demás. Toda marcha y protesta debe garantizar la libre transitabilidad de motorizados y personas. La marcha es razonable y el Gobierno debe atenderla oportunamente para tener solución. Si el diálogo no avanza, vendrán conflictos sociales y se puede complicar", dijo.
El gobernador también opinó sobre el nuevo panorama político, consolidado con la elección de los nueve gobernadores en el proceso concluido el pasado 19 de abril. Desde su experiencia, el mayor desafío de las nuevas autoridades pasa por la falta de financiamiento, ante la escasez de recursos en las arcas del Estado.
"Las nuevas autoridades electas están viendo nuevas perspectivas de trabajo, pero si persisten las limitaciones económicas va a afectar al cumplimiento de los planes, proyectos, y la resolución de los problemas de Bolivia. El Gobierno tiene que resolver los problemas económicos y sociales", sostuvo.
Campesinos en alerta
Mario Soto, secretario ejecutivo de la FSUTCC, dijo a Sputnik que "no vamos a permitir ninguna decisión arbitraria del Gobierno. Por ninguna razón vamos a permitir que se saquen los recursos naturales, ni la privatización de las empresas estratégicas. No vamos a permitir la vulneración de la Constitución".
Y agregó: "El presidente debe gobernar de acuerdo a las necesidades del campo y de la ciudad. Si no cumple con nuestras resoluciones, entonces estaremos listos para salir a manifestarnos y así hacernos respetar. Para esto pedimos la unidad de los nueve departamentos".
Los campesinos cochabambinos llevarán sus propuestas al encuentro de la CSUTCB, a realizarse en la ciudad de Oruro el próximo 27 de abril. Son momentos decisivos para las organizaciones sociales, que desde todo el país llegarán a la ciudad de El Alto, al acto convocado por la COB por el 1 de mayo. En esta instancia se verá la cintura del Gobierno de Paz para lidiar y convencer a los sectores movilizados.
