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MOSCÚ.- Algunas exigencias ambientales de la UE comienzan a generar alarma entre gremiales de productores rurales del Mercosur, que entienden que las medidas significarán trabas al acuerdo comercial firmado en enero. Sputnik entrevistó a representantes del sector e industriales del bloque sobre sus inquietudes.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero en la ciudad de Asunción, comienza a mostrar sus bemoles, especialmente entre productores rurales e industriales del Mercosur, que ven con preocupación cómo las salvaguardias y otras exigencias europeas amenazan con quitarle efectividad al tratado.
En efecto, cuando solo resta que el Congreso de Paraguay ratifique el documento, son los propios productores de ese país los que han alzado más la voz para advertir que Europa puede haberse convertido en un "socio poco confiable" a la hora de concretar los negocios que el acuerdo comercial promete a ambos lados del océano Atlántico.
Una de las voces más duras con las posibles trabas europeas es la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la más importante de productores y agroindustriales de Paraguay. Entrevistado por Sputnik, el presidente de la organización, Héctor Cristaldo, explicó que los productores de dicho país no tienen problemas con el texto firmado por ambos bloques, pero sí con algunos elementos que se incorporan ahora "por fuera del acuerdo".
"Lo que nos preocupa es lo que viene por fuera del acuerdo. Ahí es donde a nosotros se nos enciende ya no la luz amarilla, sino la luz roja, por la actitud de los negociadores europeos o la autoridad europea, que por un lado te firman la quita de aranceles, pero por debajo de la mesa tejen una telaraña", explicó Cristaldo.
Para el dirigente, la "telaraña" que preocupa a los productores son algunas de las regulaciones ambientales impuestas por la Unión Europea y que, a partir de la firma del acuerdo, pretende hacer cumplir para la producción del Mercosur que se exporte. En esa lista aparece, por ejemplo, el reglamento 1115 de la UE, que entre otras cosas restringe la comercialización en mercados europeos de productos agrícolas que impliquen "materias primas asociadas a la deforestación".
Cristaldo también cuestionó las cláusulas sobre "diligencia debida", un concepto que la UE introdujo en 2023 para obligar a los productores a establecer acciones para combatir "efectos adversos, reales y potenciales, sobre el medio ambiente y los derechos humanos en su cadena de actividades", según consigna el propio bloque europeo.
Para el productor paraguayo, Europa podría establecer la activación de este tipo de cláusulas y suspender importaciones "con base en sospechas y no evidencias", lo que da lugar a "arbitrariedades e inseguridad jurídica" y, en la práctica, podría impedir exportar al mercado europeo a unos 264.000 pequeños productores paraguayos de menos que "no tienen condiciones" de cumplir estas exigencias.
"Ellos quieren aplicar sus leyes extraterritorialmente, pero nuestras normas a veces se contraponen en criterios. Ahí la discusión ya comienza a crisparse porque entonces prácticamente deberíamos cerrar nuestro Parlamento para que se legisle desde Bruselas. Eso es inaceptable", resumió el presidente de la UGP.
Los biocombustibles en alerta
Si las exigencias ambientales a productos agrícolas ya eran una preocupación para productores del Mercosur, la Comisión Europea añadió en las últimas semanas un nuevo dolor de cabeza al bloque sudamericano, al incluir a la soja como un cultivo "de alto riesgo" ambiental en una reglamentación que, si bien aún no fue aprobada, ya circula como borrador entre los países europeos.
Un estudio de la argentina Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta de que, de confirmarse este reglamento, se paralizarían los envíos de biocombustibles, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos en el Mercosur a partir de cultivos alimenticios como la soja, al menos hasta 2030.
La noticia tomó por sorpresa a productores y autoridades. En Argentina, principal proveedor de biocombustibles de la UE, los gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santa Fe acordaron una postura en común para "defender" a un mercado de "400 millones de dólares anuales y miles de empleos".
"Esto se va a transformar en una barrera paraarancelaria porque es una resolución de tipo ambiental que va a terminar trabando el ingreso primero del biodiésel y sus subproductos, tanto de la industria argentina como de Paraguay o Brasil", advirtió a Sputnik Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
