Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Ángel Hernández, ha mentido al país al afirmar que habría ahorrado RD$ 6,456 millones en la compra de los libros de textos a ser usados durante el presente año escolar, ha afirmado Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd).
«La afirmación de que los libros adquiridos en 2021 costaron RD$3,800 millones es totalmente falsa, según documentos legales», sostiene el presidente del gremio empresarial, Pablo Cuello.
Ángel Hernández ha afirmado de manerfa reiterada que los textos escolares fueron adquiridos a un monto de RD$3,800 millones.
El gremio ha explicado que: «la licitación Minerd-CCC-PEEX-2021-0002 se ejecutó por un monto de RD$2,133,386,058.95, para la compra de 9,167,950 libros de 46 títulos diferentes, con vigencia por cuatro años, en virtud de la Ordenanza 03-2021».
«A pesar de que el Ministerio de Educación ha admitido la presencia de errores en los libros del Proyecto Libro Abierto, no ha reconocido la magnitud de estas faltas ni su impacto nocivo en el proceso de aprendizaje», destacan los libreros.
«Recordamos al Minerd que un monto referencial es un presupuesto a ser ejecutado, no un gasto realizado. Tal es el caso que el monto referencial de la licitación de impresión MINERD-CCC-PEEX-2023-0005 correspondiente a la impresión del proyecto libro abierto era de 1,617 millones de pesos y se adjudicó en RD$784 millones, menos de un 50% de lo presupuestado», precisa la Adierd.
Para concluir con su denuncika los editores de libros puntualiza: «Peritos de la ADIERD han examinado minuciosamente los libros físicos proporcionados por el Ministerio de Educación y han concluido que todos, sin excepción, presentan errores ortográficos, conceptuales y estructurales. Estos problemas podrían haberse evitado mediante una evaluación adecuada y el cumplimiento de los estándares establecidos, si el Ministerio hubiese respetado la normativa vigente y los derechos de la industria editorial».
«Exhortamos al gobierno dominicano a entablar un diálogo constructivo para abordar esta grave situación y detener de inmediato la impresión y distribución de los libros del Proyecto Libro Abierto, así como la estatización de todo el sector editorial. Una solución legal y oportuna en beneficio de la calidad de la educación y el eficiente uso de los recursos del Estado».
