Prensa Latina
PANAMÁ.- Organizaciones sociales denunciaron hoy en Panamá violaciones a los derechos humanos y laborales durante la administración del presidente José Raúl Mulino.
En conferencia de prensa realizada en el parque Belisario Porras, en esta capital, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, calificó de vergonzoso que Panamá haya sido señalado durante la 114 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como uno de los países con mayores cuestionamientos en materia de libertad sindical.
Guzmán también se refirió a la impunidad que, según afirmó, persiste en torno a los responsables de la represión policial el pasado año en la provincia de Bocas del Toro y en la comunidad de Arimae, Darién, durante protestas relacionadas con una ley sobre la seguridad social.
Asimismo, denunció abusos y deficiencias en materia de seguridad dentro del sistema penitenciario, situación que —indicó— quedó evidenciada con la reciente fuga masiva de 195 reclusos de la cárcel La Joyita, en esta capital.
El dirigente popular responsabilizó de estas situaciones al jefe de Estado, así como a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
Los colectivos también alertaron sobre la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre de Donoso(Colón) pese a un a fallo de la Corte Suprema de Justicias de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión y ordenó el cierre de operaciones en el enclave, cuestionado además por severos daños ambientales.
Esta semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgó el estudio denominado Índice Global de los Derechos, que evalúa el respeto a las libertades laborales y sindicales en 151 países.
El informe ubica a Panamá en la categoría 5, la más baja de la escala, reservada para aquellas naciones donde los derechos laborales no están garantizados en la práctica.
Según la CSI, los trabajadores y sindicatos panameños enfrentan restricciones persistentes para el ejercicio de derechos fundamentales y están expuestos a presiones tanto por parte de empleadores como de las autoridades.
La publicación coincide con otro señalamiento recibido por Panamá, luego de que la OIT incluyera al país en la lista de 23 gobiernos que deberán comparecer ante el Comité de Aplicación de Normas durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra.
La comparecencia tiene como propósito examinar el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La inclusión de Panamá en ambos informes coloca nuevamente la situación laboral del país bajo el escrutinio de organismos internacionales especializados en derechos laborales.
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