Prensa Latina
PANAMÁ.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) sufrió otro revés judicial en el caso Odebrecht, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por su defensa, trascendió hoy.
De acuerdo con un comunicado del máximo tribunal, los abogados del exmandatario, actualmente asilado en Colombia, alegaban presuntas violaciones al derecho de defensa, al principio de contradicción y a la igualdad entre las partes durante el proceso.
La acción estaba relacionada con la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de negar una solicitud de asistencia judicial internacional a Brasil para la comparecencia de testigos vinculados a las delaciones premiadas que dieron origen a las investigaciones en Panamá.
Esos testimonios guardan relación con la denominada «Caja 2» de la constructora brasileña Odebrecht, una estructura paralela utilizada para canalizar pagos ilícitos destinados, según la investigación, al soborno de funcionarios y políticos con el objetivo de obtener contratos de obras públicas y agilizar el desembolso de pagos estatales.
No obstante, mediante el edicto No. 927, publicado en la Secretaría General de la CSJ, el Supremo confirmó la resolución emitida el 24 de septiembre de 2025 y mantuvo la decisión de segunda instancia del Primer Tribunal Superior, dictamen que tuvo como ponente al magistrado Carlos Vásquez.
Tras la culminación del juicio oral, celebrado entre enero y febrero de este año, permanece pendiente el fallo de la jueza Baloisa Marquínez sobre la responsabilidad penal de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Martinelli figura entre los principales acusados del proceso junto al también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y una treintena de personas naturales y jurídicas.
Según la Fiscalía Especial Anticorrupción, el delito investigado es contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen estaría vinculado con actos de corrupción y peculado cometidos para favorecer a la empresa brasileña en la adjudicación de contratos estatales.
Las pesquisas sostienen que Odebrecht creó una compleja red financiera integrada por sociedades pantalla, cuentas bancarias en paraísos fiscales e intermediarios para ocultar el pago de millonarios sobornos, un esquema que operó en varios países de América Latina y que derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción de la región.
En Panamá, el caso involucra proyectos de infraestructura adjudicados durante distintas administraciones gubernamentales y es considerado por las autoridades como una de las investigaciones anticorrupción de mayor alcance en la historia reciente del país.
/ga
