Prensa Latina
WASHINGTON.- La agenda migratoria de la administración del presidente Donald Trump dio hoy otro giro de tuerca al anunciar la presentación de al menos 250 casos de revocación de ciudadanía contra inmigrantes naturalizados.
En menos de dos meses el Departamento de Justicia ya formalizó 29 demandas de desnaturalización contra ciudadanos nacidos en el extranjero a quienes se les acusa de haber obtenido su estatus migratorio mediante fraude, en una polémica ofensiva legal que críticos consideran inconstitucional.
De acuerdo con CNN en Español el ritmo actual supera ampliamente los registros históricos que dan cuenta de que entre 2008 y junio de 2026 solo se habían presentado 166 denuncias, un promedio anual inferior a 10.
Para cumplir con esta meta la dependencia reasignó abogados litigantes de diversas divisiones incluidos expertos en fraude civil y funcionarios de la oficina principal para apoyar la unidad especializada en una movilización sin precedentes de recursos federales, afirma la televisora con base en datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
Los expedientes abiertos involucran a personas acusadas de fraude documental, abuso sexual infantil y vínculos con organizaciones terroristas; delitos que presuntamente ocultaron antes o durante sus trámites de naturalización, según las autoridades judiciales estadounidenses.
La legislación federal faculta al gobierno para anular la ciudadanía si se comprueba que la obtención fue ilegal o mediante declaraciones falsas, no obstante esta figura jurídica no aplica para los ciudadanos por nacimiento, cuya protección constitucional está siendo cuestionada por órdenes ejecutivas recientes.
La presión operativa es evidente pues la unidad original de revocación conformada por apenas 12 abogados colapsó ante la acumulación de casos de suplantación de identidad crímenes de guerra y terrorismo referidos por el Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a la ofensiva gubernamental, analistas advierten sobre las limitaciones reales de la estrategia que deberá sortear las complejidades del propio procedimiento judicial, lo cual constituirá un obstáculo insalvable para lograr desnaturalizaciones masivas arbitrarias, afirman expertos en materia legal.
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