SPUTNIK
ECUADOR.- Durante el Seminario Internacional de Minería Ilegal en Quito, la advertencia de los panelistas fue unánime: Ecuador ya no solo enfrenta a bandas criminales, sino a una mutación sistémica donde el oro legal o ilegal se ha vuelto muy rentable.
Mientras el Gobierno de Daniel Noboa apuesta por la militarización del territorio, expertos señalan que el debilitamiento institucional y la falta de cooperación regional están permitiendo que el crimen organizado capte las estructuras de justicia y política, borrando la frontera entre lo legal e ilegal.
La nación sudamericana es ahora un tablero estratégico del crimen transnacional. Lo que inició como una crisis de seguridad ciudadana ha evolucionado hacia una economía ilícita diversificada.
En el reciente Seminario Internacional de Minería Ilegal y Crimen Organizado Transnacional en la Región Andino-Amazónica, la atmósfera era de urgencia. La minería ilegal ya no es una actividad de subsistencia: es el brazo financiero que sostiene estructuras criminales que operan desde la frontera norte hasta el sur.
"Efecto pandemia" y la pérdida de soberanía
El quiebre no fue repentino. Para Miguel Carvajal Aguirre, exministro de Defensa y Seguridad, la crisis actual es el resultado de una erosión institucional que se agravó en un momento crítico de la historia reciente.
"Tenemos un problema de presencia de organizaciones del crimen transnacional, no solamente en narcotráfico, también en minería ilegal, porque son actividades que se vinculan unas con otras, sobre todo a partir de la pandemia", explica para Sputnik.
Esta visión coincide con la de Renato Rivera, analista sénior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, quien destaca que los grupos criminales han aplicado una lógica empresarial de diversificación.
"Los grupos que se dedicaban al narcotráfico también han visto otros delitos como una oportunidad de negocios, la minería ilegal, la extorsión y la tala", señala.
Esta expansión ha provocado que el Estado pierda el control de áreas estratégicas, un fenómeno que Carvajal califica como inédito.
territorio. Y esto es una circunstancia que nunca la hemos vivido como país," enfatiza el exfuncionario.
La paradoja de la 'mano dura'
La respuesta oficial del Gobierno ha sido el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas y la gobernanza bajo estados de excepción constantes. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad persistente: la tasa de homicidios y la violencia extorsiva en zonas mineras no ceden.
Tanto Carvajal como Rivera concuerdan en que la respuesta exclusivamente militar es insuficiente y, en ocasiones, contraproducente.
Para el exministro, la estrategia militar "no está dando buenos resultados" y el mejor ejemplo es el disparo de la tasa de homicidios. En el caso de Rivera, el problema radica en lo que llama "populismo alrededor de la mano dura", lo cual genera una dependencia exclusiva de los militares y hace que las instituciones civiles dejen de operar y regular.
"Ante una ausencia de regulación y cambios constantes en las instituciones, hay mayor probabilidad de que los grupos puedan cooptar estas instituciones", advierte Rivera.
La transnacionalidad
A diferencia de la cocaína, donde cada gramo es ilícito por definición, el oro permite un "lavado" mucho más sofisticado. Ecuador tiene una historia de pequeña minería y extracción artesanal ancestral, pero este tejido social está siendo penetrado por el crimen organizado.
Carvajal destaca que el crimen transnacional controla ahora desde la producción y la seguridad hasta las exportaciones.
"Cuando se trafica cocaína, todo es ilegal; cuando se exporta oro, hay un gran margen de legalidad y es muy difícil detectar dónde está la ilegalidad", precisa.
El oro es un bien altamente cotizado debido a una convergencia de factores económicos, financieros y de mercado, tanto legales como ilegales. Rivera destacó durante su exposición que es importante entender que actualmente existe una mayor demanda de oro por parte de los bancos centrales; esto se debe a que el oro es visto tradicionalmente como una reserva de valor estable por los países.
Por otro lado, el incremento en la demanda de inversores privados de países con gran peso económico como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China y Suiza, esta demanda global constante de actores poderosos presiona el precio al alza.
Este mineral se percibe como un activo de refugio seguro en tiempos de inestabilidad, y esta demanda está impulsada por conflictos y tensiones internacionales que hacen que los inversores busquen seguridad en el oro, entre ellos, el conflicto actual en Oriente Medio y los efectos colaterales de la fluctuación del dólar.
Según datos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, la onza de oro aumentó un 258% entre 2015 y 2025. Este crecimiento exponencial del valor lo convierte en un negocio increíblemente lucrativo y atractivo para actores ilegales. Mientras que el oro ha subido un 258%, el valor del kilo de cocaína en la frontera sur de Colombia se ha reducido, demostrando la razón de la diversificación que buscan los grupos de crimen organizado.
Existen brechas en las estadísticas de exportación que sugieren que gran parte del oro que sale formalmente del país tiene un origen ilícito, a menudo con la complicidad de funcionarios públicos o mediante la penetración en el sistema de justicia y las fuerzas del orden.
El dinero fluye hacia el norte
Un punto fundamental discutido fue la corresponsabilidad internacional. Mientras Ecuador y Colombia sufren la degradación ambiental en la Amazonía y sus afectaciones a la población civil de cada zona, Rivera enfatiza que no basta con capturar mineros en la selva si no se atacan las redes financieras globales.
"Hay una distribución asimétrica en el mundo donde gran parte de la rentabilidad de los mercados ilícitos se queda en los países del norte. Esto obliga a repensar la lógica de investigación criminal desde el país que está recibiendo este material," explica el experto.
Adicionalmente, ante tales niveles de inseguridad y violencia generada por grupos del crimen organizado, Ecuador se encuentra en disparidad. Por un lado, existe la necesidad de inteligencia y apoyo de potencias como Estados Unidos, pero por otro, debe respetarse la soberanía del país.
"Lo grave no es la cooperación con Estados Unidos, Europa o China; lo que es preocupante es que se violenten normas constitucionales, como el impedimento de que existan fuerzas militares de otro país en territorio ecuatoriano", enfatiza el exministro.
Además, para el exfuncionario, la región perdió la capacidad de desarrollar proyectos económicos y políticas de seguridad conjuntas tras el fin de iniciativas regionales poderosas como Unasur, que, a su parecer, jugaba un rol muy importante.
La minería ilegal en Ecuador no se solucionará únicamente con la fuerza. Los expertos coinciden en que el país requiere recuperar la institucionalidad que se ha venido debilitando desde hace algunos años. Esto implica fortalecer la fiscalía, limpiar las estructuras políticas y, sobre todo, ofrecer alternativas económicas a las comunidades que hoy ven en la minería ilegal su única opción de supervivencia ante la ausencia del Estado.
Mientras el Gobierno mantenga la mirada fija únicamente en el patrullaje militar, el "hub logístico" de la diversificación de ingresos de los grupos de crimen organizado seguirá operando en las sombras de la legalidad ficticia, financiando una violencia que amenaza con desmantelar la democracia ecuatoriana y el avance socioeconómico del país.
