Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Como violadores de diversos artículos de la Constitución dominicana, los integrantes de la siempre cuestionable y poco confiable Cámara de Cuentas deberían ser objeto de un juicio político por el Senado, según los resultados de las indagatorias realizadas por una comisión de la Cámara de Diputado, que indagó sobre el comportamientos de esos funcionarios.
Los comisionados han sugerido a la cámara baja aprobar un eventual proyecto de resolución para imputar de graves irregularidades ante el Senado a Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro, secretaria del Pleno, Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, Elsa Peña Peña, miembro, del órgano fiscalizador del uso de los fondos públicos.
Los diputados integrantes del grupo investigador, encabezado por Rogelio Genao, han planteado además una seria reforma institucional de la Cámara de Cuentas, para evitar que los próximos integrantes de la entidad incurran en violaciones similares a las imputadas los actuales incumbentes, entre ellas las pugnas internas, en las cuales destacan Elsa Peña Peña.
En los años 2021 y 2022 la Cámara de Cuentas no pudo ni ejecutar su presupuesto, al parecer debido a los problemas internos.
Ejecución del presupuesto interno 2021
• En 2021, de RD$1,674 millones, solo se ejecutó el 54%.
• En 2022, de RD$1,474 millones, solo se ejecutó el 68%.
• Al final de 2022, se habían acumulado RD$1,296 millones en fondos no utilizados, de los cuales RD$500 millones estaban en un certificado financiero, lo que generó intereses por RD$30 millones.
Los funcionarios que tendrían que enfrentar un juicio político en el Senado, cometieron irregularidades tan graves como manipular investigaciones financieras realizadas a instituciones del Estado, así como el no haber realizado algunas auditorías, establecidas en su Plan Anual de Auditoría.
Solo realizaron 10 de 79 auditorías programadas
• En 2021, solo se completaron 10 de 79 auditorías programadas.
• En 2022, solo se hicieron dos de 88 auditorías.
Extraño manejo del dinero estatal
Los componentes de la Cámara de Cuentas indemnizaron a empleados sin tener motivos, y además habrían usado de manera irregular dineros del Estado.
Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuenta, habría hecho archivar, de manera ilegal, informes sobre auditorías en las que, al parecer, habrían sido ubicadas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Los resultados de las indagatorias contables que habría escondido Janel Andrés Ramírez Sánchez establecían que quienes cometieron tales irregularidades deberían ser sometidos a la justicia bajo cargos de responsabilidad civil.
Este funcionario también habría fallado en el manejo de al menos diez auditorías.
Auditorías
• Conocimiento del informe de la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, correspondiente al período entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
• Conocimiento del informe de Investigación Especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), correspondiente al período entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2017.
• Conocimiento del informe de la Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), correspondiente al período entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
• Conocimiento del informe de Auditoría practicada al manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), correspondiente al período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
• Conocimiento del informe de Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, correspondiente al período entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
La vicepresidenta también hizo de las suyas
Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta de la conflictiva Cámara de Cuenta habría actas con los resultados de indagatorias contables.
Esta mujer firmó el acta y la resolución ADM-2022 sin que el pleno del organismo haya analizado el documento.
El documento habría sido redactado e introducido en forma irregular en el acta de un pleno anterior, con una fecha falsa, y sin haber sido parte de la agenda de la reunión del pleno.
Elsa María Catano Ramirez también está acusada de participado en una reunión del Pleno de la Cámara de Cuentas constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución, lo cual se comprueba en el acta, video y audio de la sesión correspondiente al Pleno Ordinario PL-2022-020 del 29 de julio de 2022.
Catano Ramírez habría además usurpado las funciones del presidente del organismo, al autorizar a Adriana Castillo a ejercer las funciones de Norvin Bergés, el director de la Dirección de Análisis Presupuestario, comprobado en el correo electrónico remitido a las 09:37 AM del martes 9 de mayo de 2023, dice la comisión de diputados.
A Tomasina Tolentino de Mckenzie es señalada por la supuesta usurpación de las funciones del presidente del organismo, al cambiar el horario de labores de Leyton Mejía y José Ramón Rubén, lo que habría sido establecido mediante los correos electrónicos enviados a la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto de 2021.
La Mckenzie es acusada también de votar a favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin que dichos informes contaran con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022.
La funcionaria habría ido más lejos al incurrir en la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Mario Arturo Fernández Burgos también "metió la pata"
La omisión de la Cámara de Diputados descubrió que Mario Arturo Fernández Burgos rechazar y archivar, de manera ilegal, informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos, y haber votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.
Fernández Burgos hizo más: se le imputa la asignación ilegal de los fondos públicos por haber favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación, del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, mediante una propuesta de la señora Elsa Peña.
