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BOLIVIA.- El fiscal general interino, José Armando Urioste, sostuvo que las acusaciones contra Romer Saucedo deben investigarse por la vía penal ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. El magistrado abandonó Bolivia tras denunciar persecución política y amenazas contra su vida.
La Fiscalía de Bolivia continuará por la vía ordinaria la investigación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que los delitos que se le atribuyen no estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones como autoridad judicial.
Urioste precisó que el juicio de responsabilidades corresponde a las altas autoridades cuando se les acusa de cometer delitos durante el desempeño de sus cargos, como prevaricato o resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En cambio, consideró que las imputaciones contra Saucedo corresponden a delitos penales comunes.
"El tema narcotráfico no se vincula al ejercicio de sus funciones, no es prevaricato, no son resoluciones contrarias a la ley de la Constitución, para lo cual tendría el fuero constitucional de un juicio de responsabilidades. Es un delito penal común, de lesa humanidad. Entonces, lo que se ha hecho está dentro del marco de la ley", declaró.
El caso tomó relevancia el 4 de noviembre, cuando Saucedo anunció que abandonaba Bolivia junto con su familia y se declaraba en el exilio. El magistrado denunció persecución política, falta de garantías jurídicas y amenazas contra su vida, en medio de una crisis institucional en el Órgano Judicial.
Un día antes de su salida, el 3 de noviembre, la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento lo señala como probable autor de los hechos investigados y cita el artículo 48 de la Ley 1008 y el artículo 132 del Código Penal.
Tras la salida del magistrado, la Sala Plena del TSJ se reunió de emergencia y eligió a Rosmery Ruiz Martínez como presidenta temporal para garantizar la continuidad de las actividades judiciales. Además, concedió a Saucedo un plazo de seis días para regresar al país y reincorporarse a sus funciones, bajo advertencia de aplicar las disposiciones legales por abandono del cargo.
A las investigaciones se sumaron señalamientos relacionados con el caso de las 32 maletas, un equipaje que ingresó irregularmente desde Estados Unidos al aeropuerto internacional de Viru Viru (este) en 2025. Dos personas procesadas por este asunto mencionaron por separado al presidente del TSJ y al exfiscal general Roger Mariaca.
La exdiputada Laura Rojas atribuyó a Saucedo la propiedad de las maletas, mientras que el exjuez Hebert Zeballos señaló una supuesta protección de Mariaca para facilitar el retiro del equipaje del aeropuerto. Estas declaraciones forman parte de los señalamientos difundidos sobre el caso, cuya investigación aún no ha sido esclarecida.
