Prensa Latina
PANAMÁ.- Trabajadores panameños de la salud y activistas de la alianza Pueblo Unido por la Vida denunciaron hoy despidos irregulares y prácticas de vigilancia ilegal de las organizaciones por parte del Gobierno.
Durante una marcha popular que partió desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hasta la sede de la Asamblea Nacional (parlamento), uno de sus participantes, el doctor Fernando Castañeda, acusó a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) por haberle retirado su licencia solo por manifestarse en medios de prensa contra el sistema de pensiones.
Enfrentamos un Gobierno dictatorial que defiende la empresa privada y olvida a los más humildes, opinó, por eso es clave la unidad de todas la agrupaciones y sobre todo los jóvenes para exigir justicia y equidad social.
«Primero fueron los docentes, después los constructores y ahora arremeten contra profesionales de la salud, pero mañana la persecución puede ser contra otros gremios que se opongan a las políticas públicas del Ejecutivo», alertó.
También la galena Tania González explicó a Prensa Latina que sus demandas por las violaciones de los derechos humanos en la occidental provincia de Bocas del Toro en protesta contra la población bananera, le ha costado su puesto de trabajo también en la CSS, pero nadie ni nada podrá silenciar su voz, sentenció.
Por su parte, el abogado Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales(Frensadeso), subrayó que todavía esperan respuesta del Procurador de la Nación, Luis Gómez, ante la denuncia con evidencias de agentes de la Policía Nacional, infiltrados en las filas de las agrupaciones.
Guzmán recordó que el pasado 2 de julio de 2025, en declaraciones al canal de noticias TVN, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a las denuncias de abusos durante la Operación Omega en Bocas del Toro y afirmó que había conversado con el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien supuestamente había constatado que no encontró “algo más allá del uso de la fuerza”.
Un día después, el 3 de julio de 2025, la propia Defensoría del Pueblo informó algo muy distinto: de 104 testimonios procesados, 92 denunciaron detenciones arbitrarias, 101 uso excesivo de la fuerza, golpes, esposamiento prolongado o gases, 99 tratos crueles e inhumanos y 26 coacciones para obtener confesiones. La gravedad de los hallazgos llevó a la Defensoría a presentar denuncia penal ante el Ministerio Público. Es decir mintió Abrego descaradamente, opinó.
Ahora, en septiembre de este año, frente a las denuncias sobre infiltración y vigilancia dentro de organizaciones sindicales, sociales, campesinas y comunitarias, nuevamente escuchamos al ministro negar públicamente los hechos, mientras la propia Policía reconoce la utilización de “agentes encubiertos”.
Esta vez las organizaciones han presentado nombres, fotografías, rangos, funciones y actividades concretas, incluyendo actuaciones denunciadas desde 2022 dentro de espacios de organización social, argumentó.
No se resuelve el problema diciendo que no son “infiltrados”, sino “agentes encubiertos”. Que expliquen entonces quién los autorizó, qué investigaban, dentro de cuáles organizaciones actuaron, qué información recogieron, durante cuánto tiempo y por qué aparecen alcanzados dirigentes y hasta sus familiares, denunció.
Las organizaciones entregaron este miércoles al Legislativo una solicitud de cortesía de sala para explicarle a los diputados los atropellos de que son víctimas y esperan sea este un nuevo escenario de denuncias e interpelación al Gobierno.
“El pueblo panameño merece respeto. Y respetar al pueblo también significa no ocultarle, minimizarle ni tergiversarle la verdad cuando están en juego sus derechos humanos, su libertad de organización, su privacidad y la seguridad de sus dirigentes y familiares”, remarcó Guzmán.
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