SPUTNIK
BOLIVIA.- Las autoridades de Santa Cruz (este) acordaron crear una fuerza de tarea conjunta integrada por la Policía, las Fuerzas Armadas y unidades especializadas para enfrentar a organizaciones criminales en la frontera con Brasil. El operativo tendrá inicialmente una duración de seis meses y contará con un centro de coordinación en San Ignacio de Velasco.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, explicó que los grupos especializados estarán a cargo de las operaciones directas contra las organizaciones criminales, mientras que las fuerzas regulares realizarán rastrillajes y cercos para impedir la fuga de delincuentes.
El despliegue se concentrará en la denominada "zona roja", que comprende municipios como San Matías, San Vicente, San Ignacio de Velasco, Concepción, San Ramón y San Javier, en la región de la Chiquitania (este).
Santistevan señaló que la operación busca cerrar el paso a integrantes de organizaciones criminales que, según explicó, se han refugiado nuevamente en suelo boliviano debido a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad de Brasilia en la frontera.
El funcionario informó que se establecerá un centro de operaciones en San Ignacio de Velasco, desde donde se coordinarán las acciones. La medida tendrá una vigencia inicial de seis meses y podrá ampliarse por otros 12, dependiendo de los resultados.
Santistevan indicó que el número de efectivos desplegados no será divulgado por razones de seguridad, aunque mencionó que existen suficientes fuerzas para conformar patrullas especializadas.
Durante la reunión también se abordó el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de organizaciones criminales en la zona. El funcionario precisó que se impulsarán capacitaciones y cursos de orientación para brindar mayores oportunidades a la población de este grupo etario.
Finalmente, la Gobernación prevé fortalecer a la Policía con nuevo equipamiento y espera contar con recursos hasta octubre. Santistevan aclaró que el desembolso dependerá de la liquidez del Gobierno nacional y que los fondos deberán destinarse a seguridad ciudadana.
