Prensa Latina
SANTO DOMINGO.- que tendría la derogación del Decreto 693-24, en medio de las conversaciones entre República Dominicana y Estados Unidos sobre el acceso del arroz estadounidense al mercado nacional.
septiembre 17, 2026 | 15:15
La presidenta de esa organización, María Teresa Cabrera, sostuvo que una apertura abrupta podría poner en riesgo la producción local del grano, miles de empleos y la seguridad alimentaria del país.
El Decreto 693-24, promulgado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2024, establece un esquema arancelario para las importaciones de arroz, con el fin de proteger la cosecha nacional ante el desmonte gradual de los aranceles previsto en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
La disposición estableció un régimen aduanero para las compras externas y una cuota preferencial de 23 mil 300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos con arancel cero. Fuera de ese contingente, el gravamen establecido es de 99 por ciento.
Washington cuestiona este esquema porque considera que contradice los compromisos de apertura comercial asumidos por República Dominicana en el DR-Cafta, cuyo calendario contempla la eliminación progresiva de los aranceles al grano estadounidense.
Estados Unidos solicitó recientemente a las autoridades dominicanas derogar el decreto, mientras el Gobierno y representantes del sector arrocero defienden su permanencia.
Cabrera afirmó que el arroz no debe ser considerado una mercancía cualquiera debido a su importancia en la alimentación de la población y al peso de la actividad dentro de la estructura productiva.
Según cifras oficiales citadas por el Frente Amplio, la actividad arrocera involucra a más de 30 mil agricultores y genera unos 80 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos.
La dirigente agregó que el cereal representa entre 13 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto agropecuario.
“Sustituir la oferta nacional por importaciones no significa únicamente comprar arroz fuera del país (…) sino trasladar al exterior una parte del valor agregado, los ingresos y los empleos que hoy se generan en nuestro país”, expresó.
La presidenta del FA cuestionó además que una reducción o eliminación de aranceles se traduzca necesariamente en una disminución proporcional del precio que paga el consumidor.
Para el Frente Amplio, aumentar la dependencia de las compras internacionales puede exponer al territorio a factores externos como conflictos globales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas y restricciones a las exportaciones.
“Una nación que tiene capacidad para producir un alimento esencial para su población no debe renunciar a esa capacidad. La seguridad alimentaria también es una cuestión de soberanía nacional”, afirmó la dirigente.
La organización expresó su oposición a la derogación del Decreto 693-24 y propuso medidas dirigidas a elevar el rendimiento y competitividad del sector, como la modernización y mecanización de la actividad, investigación y desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos, incremento de los rendimientos, uso eficiente del agua y financiamiento.
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