Prensa Latina
BOLIVIA.- El departamento de Santa Cruz permanece hoy a la espera de que el Gobierno de Bolivia militarice la frontera con Brasil, tras una petición oficial del gobernador, Juan Pablo Velazco.
Tras el asesinato por sicarios de nueve personas en solo cinco días en la semana anterior en ese territorio, Velazco demandó que esa medida se aplique específicamente en los sectores de Ascención de la Frontera y Las Petas.
La máxima autoridad ejecutiva departamental pidió que se emita un decreto supremo que defina el entorno legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en esas zonas fronterizas.
Ese pronunciamiento fue emitido tras una reunión con asambleístas departamentales, principalmente de la provincia Ángel Sandoval, con el secretario departamental de Seguridad Ciudadana; representantes de la Policía Boliviana y del Ejército, con quienes se evaluaron las acciones necesarias para fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante su intervención, Velasco expresó preocupación por el incremento de los hechos delictivos y afirmó que la situación genera incertidumbre entre la población y afecta la imagen del departamento.
Criticó que no cesan los asesinatos, pese a la presencia de autoridades territoriales y nacionales en la zona.
Como parte de la respuesta institucional, la autoridad anunció que en las próximas semanas convocará al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para aprobar el Plan Departamental de Seguridad.
Según Velazco, la iniciativa busca mejorar la coordinación entre instituciones, centralizar información, fortalecer las investigaciones y promover propuestas legislativas dentro de las competencias departamentales.
Informó que, con este objetivo, la Gobernación pondrá en marcha el Centro Departamental de Comando, Control e Inteligencia Preventiva, una instancia que integrará mapas del delito, drones, botones de emergencia y herramientas de análisis de datos para optimizar la prevención y la reacción frente al delito.
Esta estructura trabajará de forma coordinada con los Ejecutivos municipales, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
Todas estas medidas, según explicó, pretenden fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y evitar que Bolivia continúe siendo utilizada como refugio por organizaciones criminales internacionales. Velazco vinculó el fortalecimiento de la seguridad con una mayor disponibilidad de recursos para las regiones.
En tal sentido, reiteró su propuesta de redistribuir los ingresos bajo el esquema 50/50 (mitad del presupuesto para el Gobierno central y la otra para departamentos, municipios, autonomías indígenas y universidades), en aras de lograr con la descentralización el fortalecimiento de servicios esenciales como seguridad, salud y educación.
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