Prensa Latina
ECUADOR.- Organizaciones sociales y sindicales de Ecuador exigieron hoy al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar paso al segundo pedido de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.
Este miércoles, integrantes del Frente Popular, que agrupa a diversos colectivos, realizaron un plantón frente a la sede del organismo electoral, en Quito, para demandar un pronunciamiento favorable que permita la entrega de formularios para recoger firmas.
El plazo para el pronunciamiento del CNE sobre esa solicitud de revocatoria vence el próximo 27 de julio.
El dirigente del Frente Popular, Nelson Erazo, sostuvo que el mandatario incumplió su plan de trabajo y rechazó cualquier intento de impedir el avance del mecanismo, establecido en la Constitución.
«No le tengan miedo a la revocatoria, porque al final del día quien decide si Noboa se va a su casa es el pueblo ecuatoriano», afirmó.
Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, señaló que el organismo electoral «tiene dos caminos: demostrar que es operador del Gobierno o respetar la Constitución y entregar los formularios».
Según explicó, las organizaciones impulsoras aspiran a reunir cerca de cuatro millones de firmas para activar el mecanismo que podría adelantar la salida del poder de Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto.
Villavicencio aseguró que, si el CNE niega la entrega de los formularios, estaría vulnerando un derecho de participación ciudadana y actuando como «operador político» del Ejecutivo.
La primera solicitud de revocatoria, promovida por la plataforma Revoca EC, fue rechazada por el CNE, que concluyó que los solicitantes no demostraron de manera suficiente el presunto incumplimiento del plan de gobierno, requisito establecido en la norma para iniciar ese procedimiento.
El Gobierno llamó al CNE a archivar ambos pedidos de revocatoria bajo el argumento de que ese mecanismo no puede utilizarse para cuestionar políticas públicas o expresar desacuerdos con la gestión del Ejecutivo.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, calificó la iniciativa como un «absurdo» y acusó a la oposición de intentar desestabilizar al presidente, a quien encuestas recientes le otorgan un descenso en la aceptación.
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