Prensa Latina
BOLIVIA.- Un tribunal de Bolivia ordenó a la fiscalía iniciar una investigación contra el exviceministro de Régimen Interior (2020-2025) Jhonny Aguilera, por presuntas torturas contra implicados en la fallida asonada militar del 26 de junio de 2024.
La decisión fue emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia y ordena al Ministerio Público ejecutar la pesquisa contra el exgeneral de la Policía.
Los administradores de la justicia instaron a indagar sobre presiones y presuntas torturas contra militares procesados debido a su participación en la toma del epicentro político del país, la Plaza Murillo, bajo las órdenes del exjefe del Ejército, Juan José Zuñiga, y con la participación de cientos de efectivos reforzados con blindados y artillados con calibre de guerra.
Según las declaraciones del abogado Roger Valverde, defensor del excomandante de la Policía Militar Raúl Barbery, Aguilera habría participado directamente en las declaraciones de los investigados para obligarlos a asumir responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con Valverde, el exvicetitular tomó declaraciones sin presencia de abogados y ordenó actos de tortura para que los uniformados se reconocieran culpables por lo que la defensa denomina como un “autogolpe” del expresidente Luis Arce.
Aguilera fue una figura clave durante los operativos de aprehensión tras la toma de la plaza Murillo, pues fue él quien arrestó y trasladó a jerarcas militares como al propio Zúñiga.
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó este miércoles un cuarto intermedio (receso), hasta el 24, 25 y 26 de agosto próximo, en el juicio en contra de Zúñiga, principal acusado en este caso.
Al salir de la vista oral, el exjefe del Ejército expresó que fue “víctima de una trampa del Gobierno de Luis Arce”, y agregó que fue traicionado, vendido y entregado por las exautoridades.
Sobre el particular, el lunes último el abogado del exjerarca castrense, Eduardo León, sostuvo que los hechos del 26 de junio de 2024 no constituyeron un golpe de Estado, sino una acción contra las Fuerzas Armadas.
Agregó que el entonces dignatario planificó los hechos orientados a debilitar las Fuerzas Armadas.
“Quien debería estar en este momento sentado ahí es Luis Arce Catacora, Hugo Moldiz (exasesor presidencial); Eduardo del Castillo (exministro de Gobierno); Edmundo Novillo (extitular de Defensa) y todo el séquito de ese grupo delincuencial que ha gobernado este país”, proclamó.
Sobre la situación jurídica de su defendido, León añadió que Zúñiga enfrenta cargos por terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes.
Este 13 de julio, tras una audiencia, la justicia otorgó detención domiciliaria para Zúñiga y además le impuso una fianza de 200 mil bolivianos (unos 20 mil dólares), decisión que fue apelada por la fiscalía.
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