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ECUADOR.- La contradicción entre el relato oficial inicial y los hallazgos forenses generó alarma internacional.
El asesinato de la activista e investigadora polaca Monika Silva Koniuszek en Montañita, provincia de Santa Elena (Ecuador), ha provocado una fuerte reacción internacional y ha puesto bajo escrutinio a las autoridades ecuatorianas.
Silva, reconocida por denunciar presuntas corrupciones y redes de tráfico de tierras y drogas en la costa ecuatoriana, fue hallada sin vida el 8 de junio en su domicilio. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo en un inicio que se trataba de un suicidio, mencionando "problemas de depresión" y el hallazgo de una soga, un palo y un supuesto mensaje que "sonaba un poco a despedida".
Esa hipótesis quedó desmentida por el informe médico-legal, que estableció que Silva no se quitó la vida y determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por constricción del cuello. Aunque la Fiscalía investiga el caso como presunto femicidio, la contradicción entre el relato oficial inicial y los hallazgos forenses generó alarma internacional.
En este contexto, la relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, instó al Estado ecuatoriano a garantizar el derecho a defender derechos, cesar la persecución y vigilancia de activistas, reforzar los mecanismos de protección, llevar a cabo "una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek" y enjuiciar a los responsables.
La relatora de la ONU calificó el caso de emblemático de una crisis de inseguridad que golpea a quienes defienden los derechos humanos, recordando que "las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana".
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Ecuador a "llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial" que incluya otras líneas investigativas para esclarecer la muerte.
"Ya no había nadie más que alce la voz"
Silva había denunciado irregularidades en la venta de tierras en Santa Elena, así como supuestos nexos del narcotráfico con el conglomerado Noboa Trading, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa. Según sus colegas, ella misma les aseguró que había entregado documentación delicada a la Embajada de Estados Unidos en Quito.
El entorno de Silva vincula su asesinato con una secuencia de ataques previos contra voces críticas en la provincia. El comunicador Robinson del Pezo, conocido como la Voz del Pueblo, fue asesinado en noviembre de 2025 en La Libertad, tras denunciar presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos.
"Una vez que matan a Robinson, los que estábamos en el blanco éramos Mónica y yo. Ya no había nadie más que alce la voz ante tanto acto de corrupción", declaró a Ecuavisa el periodista Joffre Paredes, amigo cercano de Silva y hoy amenazado. Según relató, ambos sacaban a la luz cambios de objeto en contratos públicos y actuaciones ilegales de funcionarios.
Paredes insiste en que la muerte de Silva no puede quedar en la impunidad y aspira a que se convierta en una bandera de lucha y una fuente de fuerza para seguir denunciando actos de corrupción. "Ella nunca se suicidó", subrayó.
