SPUTNIK
NUEVA YORK.- Un juez federal de Nueva York prohibió a agentes migratorios realizar detenciones rutinarias dentro de tribunales de inmigración, al considerar que los solicitantes de asilo y personas en procesos de deportación deben poder acudir a sus audiencias sin temor a ser arrestados, de acuerdo con 'Associated Press'.
La decisión fue emitida por el juez P. Kevin Castel, quien argumentó que las personas deben poder asistir a audiencias de asilo o deportación sin temor a ser arrestadas, mientras ejercen sus derechos legales.
El fallo responde a una práctica impulsada durante la Administración Trump, que permitió a agentes federales detener a migrantes cuando acudían a comparecer ante jueces de inmigración en edificios federales de Manhattan.
En su resolución, Castel reconoció que el Gobierno estadounidense mantiene un interés legítimo en aplicar las leyes en esta materia, aunque señaló que también existe un interés público importante en garantizar que las personas puedan presentarse a sus procesos judiciales de forma segura.
La orden judicial permite excepciones únicamente en casos donde existan amenazas graves a la seguridad pública o cuando las detenciones se realicen fuera de los tribunales migratorios. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron que un hombre de 21 años fue arrestado un día después de emitirse el fallo en uno de los edificios incluidos en la medida.
El grupo New York Legal Assistance Group anunció que buscará la liberación del joven mediante acciones legales y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de mantener presencia en los tribunales pese a las restricciones impuestas por el juez.
Por su parte, legisladores demócratas y organizaciones civiles calificaron el arresto como una posible violación de la orden judicial. El congresista Dan Goldman afirmó que la acción representaba una "afrenta" a la Constitución estadounidense.
El fallo aplica específicamente para tribunales migratorios ubicados en edificios federales de Manhattan y forma parte de una demanda presentada por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que celebraron la decisión como una victoria para los derechos de los inmigrantes en EEUU.
