SPUTINK
VENEZUELA.- Desde el año 2017, Venezuela entró en default debido a la falta de pagos relacionados con su deuda soberana, sin embargo, la nación cesó los abonos no por falta de voluntad, sino porque fue impedida para utilizar los mecanismos internacionales de pago, dijo a Sputnik un economista.
El pasado 13 de mayo, el Gobierno venezolano comunicó formalmente el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda externa nacional. El boletín, emitido tras años de sanciones financieras que aislaron a Venezuela de los mercados internacionales de capital, delinea una nueva etapa en la estrategia económica del país.
La licencia 58 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos, según detalló Boza, ha abierto una ventana que antes permanecía sellada: la posibilidad de retomar los mecanismos de pago internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el camino hacia la normalización financiera está plagado de interrogantes y peligros históricos que el analista no dudó en señalar.
El cerco de Estados Unidos
El economista Tony Boza, quien fuera diputado en su momento por la extinta Causa R, recordó en entrevista con este medio que Venezuela llegó a 2017 con un historial intachable. "Previo al año 2017, Venezuela tiene prácticamente un récord de pagos al día. Ha sido todo el tiempo buena paga", afirmó.
Ese comportamiento ejemplar, según el economista, se quebró por causas externas: el bloqueo de cuentas, la imposibilidad de utilizar bancos internacionales y la aplicación extrajudicial de disposiciones legales estadounidenses que terminaron por asfixiar cualquier intento de cancelar el servicio de la deuda soberana y los bonos de PDVSA.
"Incluso varios bancos internacionales impidieron que Venezuela cancelara en este caso las deudas y el servicio de la deuda, es decir, todas las responsabilidades que teníamos con los acreedores no se pudieron cumplir", detalló. "A partir del año 2017, operaron condiciones diferentes que son ajenas a las responsabilidades de la República, sino que son atribuibles a mecanismos de coerción que se activaron desde el exterior".
El analista destaca que el escenario actual, no obstante, es de una complejidad inusitada. De entrada, explica que existen dos tipos principales de deuda: la soberana, emitida por el Estado, y la de PDVSA. Ambas ya no están en manos de un grupo reducido de instituciones, sino que han pasado al público general a través de décadas de circulación en los mercados secundarios.
"No tenemos idea exactamente quién los posee", admitió el economista. "Muchos de estos bonos los tienen los llamados 'fondos buitres'. Otros son empresas privadas que han manejado algunas deudas de Venezuela. Otros son países como […] China, por ejemplo, sobre los cuales Venezuela también tiene acreencia. Esta dispersión en la propiedad de los títulos de deuda añade una capa adicional de dificultad a la negociación que apenas comienza", dijo.
El economista también reveló un dato poco conocido: trabajadores de la propia PDVSA, a través de mecanismos de bonificación, compraron estos papeles como una forma de preservar su patrimonio para el futuro. "Para ellos, el éxito de la reestructuración no es un asunto abstracto de finanzas internacionales, sino la posibilidad concreta de recuperar una inversión que hicieron en condiciones de incertidumbre y que ahora, con la reapertura financiera, podría empezar a rendir frutos”, especificó.
¿Un intermediario confiable?
Pero la reestructuración no es solo un mecanismo técnico. Boza recordó que, en la década de 1980, el endeudamiento externo se convirtió en "un mecanismo de coerción, como un mecanismo de recolonización".
El economista recordó que, durante la década de 1990, el Estado venezolano terminó asumiendo deudas privadas que fueron canceladas de manera fraudulenta. "Yo fui diputado en ese tiempo por la antigua Causa R cuando era de izquierda y recuerdo que una de las denuncias precisamente fue porque varias deudas privadas fueron canceladas de manera fraudulenta dos y tres veces", dice.
Para evitar repetir esos errores, el economista planteó una exigencia fundamental: el proceso debe ser auditable públicamente en tiempo real. La lección del siglo pasado es clara: cuando no hay transparencia, el pueblo termina pagando no solo su propia deuda, sino también la de otros sectores, en un ciclo de empobrecimiento que se extiende por generaciones.
Recuperar la soberanía financiera
El momento actual es particularmente delicado porque Venezuela no tiene control pleno sobre sus propias finanzas. Boza denunció que los recursos provenientes de la venta del petróleo no están siendo administrados directamente por la República.
Esto "debería ponerse en la mesa de las negociaciones y todo esto debería ser público", insistió el experto. "No solamente para los Estados que van a ser honrados en sus deudas, o para los tenedores de bonos, sino también para el pueblo venezolano que tiene que saber, porque los recursos que se van a utilizar para honrar estas deudas son recursos del Estado venezolano, son recursos públicos", enfatizó.
El comunicado del 13 de mayo fue explícito al señalar que Venezuela "cumplirá sus compromisos de manera sostenible, en condiciones que el pueblo merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social". El analista interpretó esa declaración como un precepto que hay que mantener a toda costa.
"El objetivo es que Venezuela pueda volver a tener acceso a los mecanismos formales de financiamiento internacional, pero sin entrar en una dinámica que nos vuelva a convertir en las víctimas que fuimos los países en vías de desarrollo en los años [de 19]80″, concluyó.
