Prensa Latina
CIUDAD DE GUATEMALA.- El Comité de Unidad Campesina (CUC) presentó hoy ante la Corte Constitucional un amparo contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por incumplir el Acuerdo Agrario firmado al inicio de su Gobierno.
Tras interponer la acción legal, uno de los representantes de la organización surgida en 1979 señaló en declaraciones a la prensa local que durante la actual administración del país continuaron los desalojos violentos, realizados por la Policía y particulares.
Pasaron 27 meses desde el 7 de febrero de 2024 en que el mandatario se comprometió con organizaciones indígenas y campesinas y mediante firma a trabajar en la resolución de conflictos y atender demandas históricas como el acceso a la tierra, recordó.
Mencionó además el fortalecimiento de la economía campesina, articulación territorial para impulsar la Política Nacional de Desarrollo Rural y la creación de un espacio de comunicación permanente entre el Ejecutivo y las organizaciones campesinas.
El CUC expuso luego mediante un comunicado una cronología del incumplimiento, desde el pasado 13 de marzo en que solicitaron una audiencia urgente, sin respuesta hasta la fecha.
Amplió que instituciones como el Fondo de Tierras, el Registro de Información Catastral, el Registro de la Propiedad y la Procuraduría General de la Nación y los ministerios de agricultura y economía, evidencian ineficacia e incapacidad para brindar acceso al suelo.
Asimismo, detalló la entidad, persiste la falta de regularización del derecho de posesión de cientos de comunidades. En diversas ocasiones -describió- se buscó el diálogo directo con el jefe de Estado; sin embargo, éste se negó a recibirnos.
La acción se presenta contra el presidente por ser quien firmó el Acuerdo Agrario, dirigir ministerios, secretarías y gobernaciones departamentales y ser el único facultado para presidir el espacio político derivado del Acuerdo, explicó.
Su silencio -enfatizó- paraliza la atención a la conflictividad agraria, el acceso a tierra, la reorientación de la cartera de agricultura para el apoyo a la economía familiar campesina y la aplicación de la Política Nacional de Desarrollo Rural.
Pese a los compromisos, advirtió que durante el actual Gobierno sobresalieron diversos desalojos, entre ellos seis que consideró críticos, tres judiciales e igual cantidad fuera de ese marco.
Nombró cada uno, el primero en la comunidad Buena Vista Tzinté, oriental departamento de Izabal, el 22 de mayo de 2024. Entonces 300 agentes afectaron a 48 familias.
El 7 de febrero el CUC afirmó en Guatemala que se abren puertas en el Ejecutivo, se reciben delegaciones y se sostienen mesas de trabajo, pero los compromisos no se cumplen, los pactos no se implementan y los conflictos agrarios siguen sin solución.
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