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HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras destituyó recientemente a cinco altos funcionarios, incluido el fiscal general, mediante juicios políticos utilizados, según expertos consultados por Sputnik, como un instrumento de persecución, esto a escasos meses de la toma de posesión del mandatario Nasry Asfura.
Hace unas semanas, el órgano legislativo del país centroamericano aprobó la apertura de ese mecanismo contra Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Sobre el tema, José Armando Orellana Romero, profesor de Sociología y dirigente popular, afirmó que a los imputados se les señala como orquestadores de una estrategia de paralización electoral, si bien "nunca se probó que sus supuestas inasistencias hayan impedido la declaratoria de los resultados; de hecho, los comicios concluyeron y hubo traspaso de mando".
El analista subrayó que el verdadero rol de esos funcionarios fue actuar como contrapeso frente a la manipulación que el bipartidismo intentó imponer en cada una de esas instancias, "una conspiración denunciada en más de 26 audios y puesta en evidencia por el Ministerio Público y el representante del CNE del Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa".
Los funcionarios electorales, afines a Libre, fueron acusados por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de su función durante los comicios primarios y generales del pasado año, acontecidos en marzo y noviembre respectivamente.
"Captura de la institucionalidad"
El también máster en Sociología, Trabajo Social y Relaciones Internacionales indicó que esta judicialización de la política no es casual, pues en menos de un mes se destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, quien mantenía en el cargo desde noviembre de 2023 y, además, se forzó a la renuncia a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, en ese puesto desde febrero del mismo año.
"Es un plan sistemático de captura de la institucionalidad […] Estos juicios políticos buscan y consolidan la aniquilación de la independencia de los poderes. El siguiente blanco pueden ser los magistrados de la Sala Constitucional o los defensores públicos", aseguró.
De acuerdo con lo dispuesto, la admisión de un juicio político requiere de la mayoría calificada en el caso de los funcionarios, es decir 86 votos, dos tercios del Congreso compuesto por 128 diputados, no obstante, "la aprobación de 88 legisladores, dos más de los requeridos, no le da legitimidad a este proceso expreso y sin garantías procesales plenas".
En este sentido, el académico recordó que la defensa de los acusados fue sistemáticamente bloqueada y limitada. "No se permitió presentar testimonios de descargo, se rechazaron las pruebas documentales y la sesión aconteció por medio de presión y rodeada de custodios policiales, un cerco policial y militar", dijo.
Para la abogada Reina Rivera Joya, el comienzo de la aplicación de esta medida por el fiscal general responde a que esa autoridad "tenía el poder, vía diligencia de investigación, de detener todas las irregularidades con las que se celebró el juicio político; además, era la principal contención del pueblo hondureño respecto a temas como la criminalización de los defensores".
La especialista en derechos humanos agregó a este medio que esa figura servía también de freno a la persecución política a afiliados al partido del Ejecutivo anterior, liderado por Xiomara Castro, además de que libró una orden de captura en diciembre pasado contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.
"Una vez que él es separado de su puesto, Juan Orlando mencionó que regresaba a Honduras. Es bastante evidente que la salida del fiscal general tiene varias ventajas para el Partido Nacional. Quieren acusar a la expresidenta Castro y a casi todos los ministros de su Gobierno para debilitar a Libre", apuntó.
¿Un proceso ilegal?
Para Silvia Ayala Figueroa, exdiputada por Libre al Congreso Nacional, los juicios políticos no cumplieron con los requisitos mínimos que debían respetarse, entre ellos el debido proceso y el derecho a la defensa, aun cuando el funcionario denunciado tiene hasta 48 horas con el fin de presentar su amparo y aportar pruebas.
Agregó que, en el caso de Morazán, el único en comparecer ante la comisión y el Pleno, "no se le permitió ni siquiera responder a las preguntas; cuando comenzaba a desarrollar su respuesta se le interrumpía para exigir que se limitara a contestar sí o no, situación que vulneró sus derechos; tampoco se le dio curso al recurso interpuesto".
"El rol de la comisión y del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue totalmente inquisidor. Hubo evidente hostigamiento e intención de colocar en situación de indefensión a las personas que se estaban sometiendo al juicio. Esto confirma la intención de debilitar políticamente a Libre, el único partido que representa hoy a la oposición al bipartidismo", subrayó.
Por su parte, Orellana Romero expresó que en estos procesos prevaleció la falacia y los actos contrarios a un procedimiento legítimo en un Estado de derecho, mientras Zambrano actuó como un juez y parte: "Él mismo había calificado públicamente a los funcionarios como supuestos traidores a la patria antes de comenzar el juicio".
"En la práctica, el Partido Nacional y el Liberal ya tienen una lista de suplentes incondicionales. En ese esquema, ellos se amparan en que aparentemente en la ley no hay la exigencia de una representación partidaria proporcional, por lo que Libre, desde la perspectiva de ellos y lo han dicho de forma abierta, será borrado del mapa electoral", puntualizó.
Por lo tanto, de acuerdo con el experto, tanto en el CNE como en el Tribunal de Justicia Electoral, "serán completamente dóciles al Gobierno de turno, ello garantiza que en las elecciones de 2029 la derecha tenga todas las herramientas para manipular los resultados sin ningún contrapeso" y, además, "están legalizando la guerra judicial contra la oposición ".
"Libre debe prepararse para una oleada de posibles juicios políticos en contra de miembros de la bancada, de futuros candidatos a cargos de diputados, presidencia, alcaldes o cualquier otra figura que intente denunciar las irregularidades", dijo.
Mencionó que si Libre no responde con contundencia social, la derecha interpretará esa falta de acción como un posible avance sin costo alguno, entonces, "el desafío es la reorganización, plantar cara y posicionamiento frente a estos actos arbitrarios del bipartidismo y la ultraderecha hondureña neofascista que se reinstala en este proceso político".
