SPUTNIK
BUENOS AIRES, Argentina.- La instalación de una planta de combustible sintético en Uruguay alerta a Argentina, que ya denunció una posible contaminación ante su Justicia y amenaza con "ir a La Haya". El analista internacional Sebastián Hagobián dijo a Sputnik que el tema es visto con delicadeza en Uruguay, donde aún recuerdan "los puentes cortados durante años".
Más de 15 años después de un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay por una planta de celulosa que derivó en que los puentes entre ambos países estuvieran cortados por ambientalistas durante cuatro años, los dos países vecinos vuelven a tener roces por un mega emprendimiento industrial. Esta vez, la chispa del diferendo no es una industria papelera sino una planta de combustible sintético hecho a partir de hidrógeno verde que promete ser la inversión más grande en la historia de Uruguay.
El proyecto, a cargo de la multinacional HIF Global, prevé una inversión de más de 5.300 millones de dólares para producir 876.000 toneladas al año de e-metanol, un combustible sintético producido a partir de dióxido de carbono reciclado e hidrógeno verde, es decir, el obtenido a partir de energías renovables. El combustible resultante, bajo en carbono, es cada vez más demandando para el transporte aéreo y marítimo en su proceso de descarbonización.
La planta se instalará en una zona conocida como Constancia, a 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú, una urbe de poco más de 80.000 habitantes que se encuentra sobre las costas del río Uruguay, cuya gestión es compartida entre Uruguay y Argentina. Del otro lado del río se encuentra la ciudad argentina de Colón, en la provincia de Entre Ríos, de aproximadamente 60.000 habitantes.
Precisamente, la cercanía con la costa argentina había despertado preocupación en autoridades de ese país. El propio gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que a mediados de marzo aseguró a través de su cuenta de X que "no podemos permitir otra Botnia", recordando la denominación que en 2005 tenía la planta de celulosa que generó la disputa entre ambos países y que culminó con una denuncia contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya presentada por Argentina.
De hecho, Frigerio acompañó su publicación en X con el video de un discurso desde la ciudad de Colón en el que asegura que "si tenemos que ir a La Haya, vamos a ir a La Haya y si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos".
La inquietud del gobernador fue secundada por tres legisladores nacionales por Entre Ríos del peronismo que directamente llevaron el tema a la Justicia argentina. Los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl presentaron ante un tribunal federal argentino una "acción preventiva de daño ambiental" ante lo que consideran posibles daños ambientales de la planta.
La Justicia argentina no solo se declaró competente en el caso, sino que además ordenó que se realice una "pericia ambiental" sobre el estado del agua del río Uruguay en la zona y que tanto el Estado uruguayo como la empresa entreguen a Argentina toda la documentación vinculada al proyecto.
