Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Pocas instituciones del Estado Dominicano podrían estar exenta de la penetración por la delincuencia, especialmente por el narcotráfico, nacional e internacional.
El crimen organizado ha logrado penetrar con toda facilidad incluso el Ministerio Público, en el cual, al menos siete fiscales, estarían vinculado a una red criminal que operaba en la Procuraduría General de la República para eliminar las fichas de criminales nacionales e internacionales, que han sido arrestados junto a otros empleados del órgano rector del Ministerio Público.
Los imputados, entre ellos agentes de la Policía Nacional, han sido detenido y están bajo interrogatorio en el marco de la denominada Operación Gavilán, puesta en marcha por la Procuraduría General de la República.
Las autoridades aseguran que la red mafiosa que operó durante muchos años cobraba altos sobornos para eliminar los antecedentes penales de importantes criminales.
La procuraduría general va a seguir el protocolo para establecer un juez especial que sea encargado de caso de los fiscales a quienes se les imputado pertenecer a la red criminal.
Ya el Ministerio Público ha solicitado este jueves a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional medidas de coerción contra 12 de las personas imputadas en el expediente.
El ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo.
Los imputados
Entre los principales imputados en el caso se cita a Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También se ha pedido prisión preventiva como medida de coerción contra Rubén Darío Morbán Santana, jefe de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Otros implicados en el expediente criminal son: Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, Yokaira Elizabeth Carmona, l expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el agente de Policía, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, empleados de la Procuraduría General de la República.
La pieza acusatoria establece que el grupo está imputado por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Los detenidos también habrían violado la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
