Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Siempre ha sido así. El dinero del Estado Dominicano es utilizado por los gobiernos y sus funcionarios medalaganariamente, para beneficio propio, de amigos, de allegados y familiares, por eso no se explica la ley sobre sueldos en una administración pública, donde cualquier funcionario recibe (no se gana) un sueldo superior al presidente de la República.
Esta peligrosa situación la confirma la Cámara de Cuentas con una auditoría realizada a la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret) en los tiempos del todopoderoso, Diandino Peña, quien pagó al menos RD$27,551,733 a supuestos, o reales, propietarios a inquilinos desalojados para la construcción de la línea dos del Metro de Santo Domingo en el barrio Gualey y la rivera del río Ozama.
Esos RD$27,551,733 habría sido entregados sin los beneficiarios entregar a la Opret ningún documento de propiedad o de contratos de alquiler de las viviendas y los locales comerciales desalojados, establece una investigación contable y financiera realizada por la Cámara de Cuentas a la administración de la Opret por Diandino Peña durante el período 2013-2017).
Ramón Leonel Carrasco, responsable de administrar miles de millones de pesos para la instalación de la línea dos del metro, en su calidad de director de expropiación y desarrollo ambiental de la Opret ha intentado justificar el pago sin control y sin documentación de los RD$27,551,733.
“Cuando los niveles de organización socio-económico son del más bajo nivel, afecciones, recurre a métodos que le posibiliten llegar a acuerdo entre partes, donde teníamos que decidir pagos por valores promedio a la información recibida, donde los ciudadanos en casos particulares estaban bajo el régimen penitenciario, había que esperar en muchas ocasiones su salida de su estado de suspensión de sus derechos ciudadanos”, alega Ramón Leonel Carrasco.
Según argumenta más adelante Leonel Carrasco, hombre de la entera confianza de su jefe, Diandino Peña, y del entonces presidente, Leonel Fernández, ambos "Villajuaneros de pura cepa": “Estos contratos de alquiler, según lo establece la ley, pueden ser verbal o por escrito, en este nivel de informalidad en muchos casos, en su evaluación social se compensó la afección por estimación de lo expresado por el afectado y la evaluación de la comisión”.
El exfuncionario estatale destaca que para lograr que los propietarios e inquilinos de las casas desalojadas muchas veces había que casi pelearse.
"A todos estos casos teníamos que enfrentar grandes altercados, donde se negaban a ecibir los valores que se le proponía, de manera que se llegó a negociar estos valores hasta en cinco momentos diferentes, y convencerlo de aceptar los valores propuestos".
“De manera que no teníamos ningún método para resolver tal situación, teníamos que acogernos a la situación que ellos nos presentaban”, alega el funcionario para tratar de justificar el pago de los RD$27,551,733 sin ninguna documentación legal.
