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WASHINGTON.- Una coalición bipartidista plantea cambiar el financiamiento federal para apoyar a familias antes de que una crisis termine en separación.
Una coalición bipartidista de defensores de la infancia, abogados, investigadores y líderes de organizaciones sin fines de lucro propuso una reforma al sistema de financiamiento federal de bienestar infantil en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer a las familias antes de que enfrenten crisis que puedan terminar en la separación de padres e hijos.
United Family Advocates (UFA) presentó el informe “Supporting Strong Families and Safe Children: A Framework for Reshaping Federal Child Welfare Funding”, elaborado con la orientación de un grupo asesor bipartidista. El documento plantea simplificar la estructura actual y concentrar los recursos federales en 3 grandes programas, cada uno con una finalidad específica.
La propuesta llega en un momento en que las organizaciones que trabajan con familias cuestionan si el modelo vigente destina suficientes recursos a la prevención. Según UFA, un niño es separado de su hogar cada 2.5 minutos en EE.UU. A la vez, más de 2 millones de familias son investigadas por los servicios de protección infantil cada año.
El problema, sostiene la coalición, es que muchas de esas investigaciones no terminan con una determinación de abuso o negligencia. UFA señala que las dificultades económicas pueden quedar mezcladas con situaciones de riesgo infantil, lo que puede llevar a intervenciones que no necesariamente responden a las necesidades reales de cada familia.
3 fondos para cambiar el sistema
El primer componente planteado por UFA sería un Child Protection Grant, destinado a financiar hogares de crianza temporal, tutela y adopción, además de iniciativas capaces de prevenir de manera segura una separación inminente y facilitar la reunificación cuando esta ya ocurrió.
El esquema también daría prioridad a la colocación de los menores con familiares y hermanos cuando no puedan permanecer de forma segura en su hogar. La intención es preservar vínculos familiares incluso durante una intervención del sistema de protección infantil.
El segundo fondo estaría dedicado a la representación legal de las familias y la mejora de los tribunales. La propuesta contempla recursos para garantizar que padres, madres y otros integrantes de una familia tengan acceso a abogados con experiencia durante los procedimientos relacionados con la protección infantil.
UFA plantea que estos recursos sean administrados fuera de las agencias de bienestar infantil para reducir posibles conflictos de interés. La coalición considera que una representación legal adecuada puede contribuir a decisiones judiciales más sólidas cuando el gobierno interviene en la vida familiar.
El tercer componente sería un Family and Community Support Grant, enfocado en servicios comunitarios capaces de ayudar a las familias antes de que una dificultad económica o social se transforme en una emergencia.
Bajo este modelo, el acceso a esos apoyos estaría determinado por las necesidades de la familia y no por su ingreso al sistema de protección infantil. De esa manera, una familia podría recibir ayuda para enfrentar problemas básicos sin tener que atravesar primero una investigación o una intervención gubernamental.
Separar pobreza y riesgo infantil
Joanna Lack, directora ejecutiva de United Family Advocates, afirmó que uno de los principales problemas del sistema es que no siempre distingue entre una familia que atraviesa dificultades y un menor que enfrenta un peligro.
“Cuando las dificultades se confunden con el riesgo para la seguridad infantil, la separación se convierte en la opción predeterminada”, señaló Lack.
La organización sostiene que el financiamiento federal debería incentivar primero la estabilidad familiar y la prevención, mientras que el cuidado de crianza debe utilizarse cuando realmente resulte necesario para proteger a un menor.
Shrounda Selivanoff, integrante de la junta directiva de UFA y responsable de iniciativas de representación de padres en Washington, también destacó el impacto que pueden tener las separaciones. Según explicó, las remociones forzadas pueden resultar traumáticas tanto para los niños como para sus familiares.
Para Andrew C. Brown, integrante de la junta de UFA y vicepresidente de Política de Texas Public Policy Foundation, el financiamiento federal, con frecuencia, termina favoreciendo la separación en lugar de apoyar a las familias para que permanezcan unidas de manera segura.
La propuesta no modifica por sí misma las leyes federales ni crea nuevos programas gubernamentales. Se trata de un marco presentado para el debate de los responsables de formular políticas públicas, en momentos en que Washington analiza si los mecanismos actuales de financiamiento cumplen con los objetivos de seguridad infantil, estabilidad familiar y uso responsable de los recursos públicos.
El planteamiento de UFA busca, en esencia, modificar el punto de partida: que las familias puedan recibir apoyo cuando aparecen las primeras dificultades y no únicamente después de que una crisis haya llegado al sistema de protección infantil.
