Prensa Latina
ECUADOR.- La Asociación Americana de Juristas (AAJ) advirtió hoy sobre un deterioro de las garantías democráticas y los derechos políticos en Ecuador tras la suspensión de un partido político de oposición.
En una declaración fechada en Buenos Aires y compartida en redes sociales, el colectivo de juristas cuestionó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender por nueve meses al movimiento ecuatoriano Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La AAJ señaló que la medida fue adoptada en pocas horas, sin audiencia previa ni posibilidad de defensa para la organización política, y sostuvo que reproduce el mismo mecanismo aplicado en marzo pasado contra la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición en el país.
Según el pronunciamiento, ambas decisiones tuvieron lugar en momentos clave del calendario electoral e impactan la participación política con vistas a las elecciones locales del 29 de noviembre.
Los ecuatorianos irán a las urnas ese día para elegir a más de cinco mil autoridades entre prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y otros cargos locales, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La organización de letrados regional recordó que, tras la suspensión de la RC, varios de sus representantes iban a participar en los comicios seccionales bajo el auspicio de Amigo, y ahora deben apresurarse y buscar otras agrupaciones que les permitan inscribir las candidaturas en el periodo establecido del 2 al 17 de agosto.
En su análisis, la AAJ afirmó que la decisión judicial vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y los derechos de participación política y asociación.
Asimismo, consideró que la suspensión se dictó sobre la base de una investigación penal reservada, sin que existiera una sentencia firme ni un procedimiento específico regulado para este tipo de casos.
El organismo también sostuvo que la reiteración de este mecanismo «normaliza la utilización de investigaciones penales como herramienta para desplazar, de facto, a las fuerzas políticas de oposición del tablero electoral».
A criterio de la AAJ, ello no solo afecta el pluralismo político, sino también el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes, al limitar la oferta electoral disponible.
La organización exhortó al TCE a revisar la decisión y garantizar el derecho de defensa antes de adoptar medidas con efectos electorales sustanciales.
Además, anunció que pondrá el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de las misiones internacionales de observación electoral.
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