Prensa Latina
PANAMÁ.- Organizaciones sociales y ambientalistas de Panamá llamaron hoy a mantenerse vigilantes ante el informe final de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, cuyo contenido podría servir de base para eventuales decisiones sobre la reapertura del proyecto minero.
Los colectivos cuestionan la postura del Ejecutivo respecto a la minería metálica a cielo abierto, pese al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a la compañía subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
También alertaron sobre los daños ambientales asociados a la actividad extractiva y recordaron que, tras las masivas protestas ciudadanas de 2023, el Gobierno decretó el cese de operaciones del enclave.
La víspera, el equipo interinstitucional encargado de evaluar el futuro de la minería a cielo abierto recibió el informe final de la auditoría integral efectuada en las instalaciones de Cobre Panamá.
El documento, compuesto por 15 tomos y alrededor de 20 anexos, fue entregado a una comisión ministerial integrada por los titulares de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Durante el acto, Moltó señaló que el informe ya fue publicado para consulta pública y exhortó a la ciudadanía a revisar sus conclusiones antes de emitir criterios sobre el tema.
Según explicó, la auditoría fue realizada por la firma internacional SGS Panamá Control Services Inc., con el propósito de garantizar transparencia y objetividad en la evaluación del proyecto. “Por primera vez contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto”, indicó el ministro, quien precisó que el análisis técnico servirá de base para futuras decisiones gubernamentales.
El funcionario subrayó además que la mina constituye una infraestructura de gran escala con implicaciones económicas, ambientales, sociales y fiscales para el país, por lo que cualquier determinación deberá considerar múltiples factores.
“Definir qué hacer con esta realidad es un reto de proporciones mayúsculas”, afirmó.
Representantes de gremios empresariales presentes en el acto manifestaron, por su parte, que estudiarán el contenido del informe antes de fijar una posición pública.
La auditoría fue ordenada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que en octubre de 2025 adjudicó el contrato a SGS Panamá Control Services Inc. para evaluar aspectos técnicos, ambientales, legales, laborales y tributarios del proyecto ubicado en el distrito de Donoso.
El estudio tuvo una duración de seis meses, con un contrato total de ocho meses que concluye este junio, e incluyó trabajos de campo, revisión documental y análisis del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental categoría III.
De acuerdo con información oficial, durante el proceso se publicaron cuatro informes preliminares.
Sin embargo, organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería expresaron preocupación por la posibilidad de que la auditoría se sustente principalmente en información proporcionada por la propia empresa minera.
Los activistas consideran fundamental verificar de manera independiente aspectos relacionados con el tratamiento de aguas, la gestión de residuos, los vertidos al mar en Punta Rincón, la fragmentación de hábitats y el cumplimiento de 370 compromisos ambientales contemplados en el proyecto.
Asimismo, demandaron que las conclusiones permitan determinar con precisión los posibles pasivos ambientales generados por la operación minera.
La auditoría tuvo un costo superior a los 539 mil dólares y contempló la identificación de riesgos asociados a las condiciones actuales del proyecto y sus eventuales impactos futuros.
Las expectativas en torno al documento aumentan en medio de nuevas protestas contra la minería metálica a cielo abierto y de las reiteradas señales del Ejecutivo favorables a evaluar una posible reactivación del proyecto, considerado por el Gobierno como una importante fuente de empleo y aportes al Producto Interno Bruto nacional.
Los movimientos ambientalistas insisten, sin embargo, en que cualquier decisión deberá respetar el fallo del Supremo y garantizar la protección de los recursos naturales del país.
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