SPUTNIK
NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció nuevas medidas para reforzar la protección de los migrantes en Nueva York (noreste), en medio de las crecientes tensiones con las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.
El estado de Nueva York endurecerá las restricciones a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre las disposiciones, se impedirá que los agentes realicen redadas en escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios sin contar previamente con una orden judicial de arresto, una medida que busca brindar mayor seguridad a personas en situación migratoria irregular.
Durante un acto acompañado por líderes religiosos, activistas y familias afectadas por procesos de deportación, Hochul acusó al ICE de incurrir en prácticas intimidatorias y aseguró que su administración no permitirá abusos contra las comunidades inmigrantes.
"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó Kathy Hochul al presentar la nueva legislación.
Entre los cambios más destacados también figura la prohibición del uso de máscaras o pasamontañas por parte de agentes de las fuerzas del orden en el estado. Hochul sostuvo que, a diferencia de otras agencias federales, los agentes migratorios suelen cubrirse el rostro sin una justificación operativa clara.
La legislación además elimina los acuerdos conocidos como 287(g), mecanismos mediante los cuales algunas corporaciones policiales locales colaboraban con autoridades federales en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.
Según la gobernadora, la medida permitirá que los cuerpos policiales concentren sus esfuerzos en combatir delitos dentro de sus comunidades, en lugar de participar en procedimientos de carácter migratorio. "Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE", señaló.
El anuncio se produce en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno de Nueva York y la Casa Blanca. Hochul calificó las políticas migratorias federales como "crueles" y defendió la necesidad de establecer mayores garantías para proteger los derechos de los inmigrantes que residen en el estado.
