SPUTNIK
WASHINGTON.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la muerte de dos personas tras atacar una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
"Estas son ejecuciones extrajudiciales que no respetan ningún principio del derecho internacional, de proporcionalidad y que violan la soberanía marítima de varios de los Estados, tanto en el Caribe como en el Pacífico", explicó Christian Arias, investigador doctoral en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA) en diálogo con Acentos.
"Es increíble que se siga insistiendo en que no es posible abordar y detener estas embarcaciones de manera que no haya necesidad de asesinar a sus tripulantes y hundir estas embarcaciones".
En este sentido, resaltó: "Esto borra cualquier registro y hace imposible poder tener una trazabilidad y corroborar que efectivamente en esas embarcaciones hubiesen transitado drogas ilícitas".
"Después de 50 años, la militarización no ha dado respuesta, no ha terminado con el problema del narcotráfico y hace cada vez más urgente explorar vías alternativas a la simple criminalización por cultivadores", cerró.
"Costa Rica está en riesgo de convertirse en un depósito de migrantes"
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alertó sobre el retroceso en derechos humanos en Costa Rica, debido a las políticas del Gobierno de la presidenta Laura Fernández, que priorizan la restricción en cárceles para migrantes, aumentando el riesgo de malos tratos.
"El Estado incumplió con lo ordenado por la sala constitucional al no garantizar derechos básicos de las personas que no pudieron ser retornadas a sus países de origen, como el acceso a salud, educación, vivienda y otras garantías fundamentales, asumidas al momento de recibirlas", expresó Adam Álvarez-Calderón, antropólogo y director nacional del servicio jesuita para migrantes de Costa Rica, en diálogo con Acentos.
"Hay riesgo en Costa Rica, al convertirse en un depósito de migrantes, al deshumanizar a las personas y tratarlas como mercancías que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Es una política de crueldad iniciada en Estados Unidos y de la cual el Gobierno es cómplice", cerró.
