Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Pese a las supuestas "cuantiosas inversiones" realizadas por los gobiernos de la República Dominicana, una gran cantidad de la energía eléctrica comprada por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), Edenorte, Edesur y Edeeste se perdió.
Al menos el 42.2 % de la energía generada no fue servida a los clientes de esas empresas, ha revelado el Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Esta enorme pérdida de electricidad comprada es la más alta desde 2010, asevera el organismo energético.
En 2024 las EDEs no pudieron cobrar el 4.6% de la energía vendida a sus clientes, asegura el informe de energía y minas.
“Por cada 100 GWh ( equivalente a un gigavatio-hora) de energía comprada, las EDEs perdieron el equivalente a 42 gigavatios-hora (GWh)”.
El pasado año el Gobierno dispuso US$1,769 millones para el subsidio a las EDEs, revela un informe elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.
Energía y Minas expone que las pérdidas acumuladas de energía eléctrica es la diferencia entre la energía que se genera y la que se vende a los clientes de las EDEs.
“A diciembre de 2024, las EDEs compraron 20,390.68 GWh. De ese monto, 7,674.2 GWh no pudieron ser facturados; por lo tanto, representaron energía perdida”, detalla el documento.
En el presupuesto inicial de 2024 el Gobierno disponía la entrega a las EDEs de RD$86,844.8 millones, pero al finalizar el año el subsidio fue elevado a RD$105,376.5 millones, lo que equivale a US$1,769.1 millones, si se aplica la tasa promedio del Banco Central del dólar.
El Gobierno de Luis Abinader desde 2020 al 2023 no ha resuelto la crisis de las pérdidas que registran las EDEs entre la electricidad que se produce y la que es comercializada.
Las pérdidas de las empresas estatales de distribución de electricidad subieron al 37.6%, en 2020; 36.9%, en 2021; 38.9%, en 2022 y 40.7%, en 2023.
En el 2020- 2023 la energía facturada subió al 33.1%; 32.6%,32.4% y 36.0%, respectivamente.
En el período 2020 al 2023 las distribuidoras fallaron en el cobro de al menos el 4.4%, 4.3%, 6.5% y 4.7%, respectivamente.
“Sin reformas estructurales que corrijan estas distorsiones, el país seguirá destinando sumas millonarias a un sector que no ha logrado reducir de manera sostenible sus pérdidas, limitando así las posibilidades de desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de la población”, estima la CREES.
