Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Nada más y nada menos que el Ministerio de Medio Ambiente ha pedido al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que permita la destrucción de la zona protegida de humedales y manglares, «Boca de Yásica», en Cabarete, Puerto Plata, para que sea construido un hotel de 438 habitaciones.
Medio Ambiente, institución que debe proteger los recursos naturales del país ha solicitado al TSA la nulidad del instrumental legal para proteger la zona de humedales y manglares, que una ve destruida por la construcción del hotel, desaparecería para siempre.
El área que Medio Ambiente pretende sea destruida está protegida por el Decreto 847-09, y la Resolución 9/12 del Ministerio del Ministerio de Turismo.
Ha sido el Ministerio de Medio Ambiente quien ha emitido la Licencia Ambiental número 0374-19, autorizando la construcción de la obra turística en un área de recursos naturales protegida.
A la destrucción del área natural se oponen las organizaciones Insaproma, Somos Pueblo, Asoprocaso, y residentes de Cabarete, Puerto Plata
Sentencia del TSA
El Tribunal Superior Administrativo dispuso mediante sentencia en diciembre de 2020 la suspensión de la licencia ambiental 0373-19 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en beneficio de los propietarios del proyecto hotelero, Ritz-Carlton Reserve, que desarrolla la empresa, Connemara SRL, propiedad de Ian Schembri Sant, en el área protegida «Boca de Yásica».
Un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) estableció que los trabajos iniciales del proyecto hotelero ya habían causado daños ambientales, incluyendo la tala de más de 20 mil metros cuadrados de mangles, el relleno de humedales y la destrucción de dunas y especies de flora en peligro crítico de extinción, con autorización de Medio Ambiente.
Miguel Ceara Hatton, entonces ministro de Medio Ambiente, solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) permitir la construcción de un hotel en un área protegida con manglares y humedales.
Pese a estos graves daños a los recursos naturales, el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, hoy superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), solicitó al TSA anular los mecanismos de protección para facilitar la construcción del hotel.
Esta petición contradice el deber legal y moral del Ministerio de proteger el ambiente, incluyendo manglares, humedales y dunas.
El TSA tiene la responsabilidad de aplicar la ley, ya que este caso se trata de un crimen ambiental probado con informes detallados, y la tala de manglares conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, según la Ley No. 307-04 de Pesca y Acuicultura. Además, la empresa responsable podría ser multada con hasta 20 mil salarios mínimos del sector público, conforme a la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El abogado director ejecutivo de Insaproma, Euren Cuevas Medina, exigió la aplicación de las leyes contra aquellos funcionarios que no cumplen con su obligación de proteger el ecosistema. También anunció que Insaproma y otras organizaciones preparan acciones tanto a nivel nacional como internacional para exigir el cumplimiento de la ley.
Entre las medidas, se enviará una comunicación a la Secretaría de Asuntos Ambientales del DR-CAFTA y se denunciarán las violaciones de derechos ambientales fundamentales ante organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cuevas Medina calificó de ilegal la solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, ya que la Ley No. 64-00 no le otorga potestad para desproteger ecosistemas, solo para protegerlos. Además, la Constitución y el DR-CAFTA prohíben la reducción de los sistemas de protección ambiental, en cumplimiento de los principios de no regresión y progresividad en derechos humanos.
Finalmente, Insaproma hace un llamado a todas las fuerzas sociales y ambientales del país a manifestarse en contra de esta acción, que pone en peligro el sistema nacional de áreas protegidas.
