Banco Mundial quiere país mejore política de competencia y educación

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SANTO DOMINGO.- El estudio recomienda al Estado poner en marcha una serie de recomendaciones que mejorarían la eficiencia competitividad y regulatoria de las instituciones del Estado.

Para el Banco Mundial lo que corresponde a República Dominicana hacer, para aumentar la productividad y la eficiencia, es mejorar la calidad del producto humano y educativo, y eliminar las distorsiones en la competitividad, que se mantienen pese a la existencia de una ley que regula la libre competencia y asigna roles reguladores efectivos a las instituciones del Estado.

En su informe “Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás”, dado a conocer en junio pasado, pero socializado en estos días, el Banco Mundial dice que el Estado Dominicano ha fallado en la capacitación de personal que impulse la productividad, pese a que hay factores sociales, políticos, climáticos, que limitan la inserción de la economía en los más altos grados de competitividad.

El documento del Banco Mundial indica que “El retraso en la implementación de la Ley de Competencia limitó un rol más activo por parte del ente regulador para generar mercados competitivos. La Ley se implementó en 2017, a pesar de haber sido promulgada en 2008. Desde 2017, ProCompetencia ha investigado posibles prácticas anticompetitivas en una amplia gama de sectores. Sin embargo, 15 de las 18 investigaciones iniciadas por ProCompetencia han sido desestimadas (a marzo de 2022) y solo se han publicado tres decisiones. Además, la Ley de Competencia no incluye la obligación de las empresas relevantes de notificar y revisar el impacto de las fusiones y adquisiciones en la competencia para obtener la aprobación de ProCompetencia. De manera similar, la capacidad de ProCompetencia para monitorear e investigar de manera efectiva el comportamiento anticompetitivo podría fortalecerse a través de la provisión de mayores recursos financieros y de personal”.

El estudio recomienda al Estado poner en marcha una serie de recomendaciones que, de ponerse en ejecución, mejorarían la eficiencia competitividad y regulatoria de las instituciones del Estado.

En la parte correspondiente a la necesidad de “Mejorar la calidad del capital humano”, se presentan algunas recomendaciones:

* Adecuar los resultados educativos a las necesidades del mercado
Modernizar los planes de estudio a nivel de secundaria con el objetivo de proporcionar habilidades técnicas para una fácil transición al mercado laboral.

* Fomentar la educación continua para adultos a través de programas flexibles que permitan personalizar los cursos necesarios en el lugar de trabajo.
* Facilitar la actualización y la reorientación de las habilidades de los trabajadores mediante políticas activas del mercado de trabajo más pertinentes.

* Asignar suficientes incentivos financieros para atraer y retener maestros de alta calidad en áreas rurales y desfavorecidas.

 * Considerar la participación del sector privado en la financiación de las universidades públicas, de modo que los planes de estudio reflejen las necesidades de habilidades del sector privado.

* Implementar un sistema anual de diagnóstico de aprendizaje para las escuelas primarias.

* Reducir la desigualdad de oportunidades entre géneros y entre áreas rurales y urbanas
Considerar incentivos monetarios y no monetarios para que los padres compartan el cuidado durante el primer año de nacimiento.

* Supervisar la deserción escolar de los estudiantes, con especial énfasis en las adolescentes.
Considerar la introducción de becas nacionales para programas universitarios en áreas rurales para estudiantes escolares sobresalientes.

* Apoyar el desarrollo de habilidades para la población vulnerable a través de programas de asistencia financiera.

La parte relacionada con el fomento de los mercados competitivos es igualmente significativa. Y el resumen de recomendaciones incluye una variedad de medidas administrativas y políticas de gran importancia:

* Mitigar las posibles distorsiones del papel directo del gobierno como empresas estatales en los mercados

* Evaluar si la participación directa de las EEs en los mercados cumple con el rol de subsidiariedad del Estado en los sectores comerciales.

* Explorar opciones para atraer la participación del sector privado a través de PPC o arreglos de gestión donde las empresas estatales operan en mercados altamente concentrados que son viables para la competencia.

* Promoción de la regulación favorable a la competencia

Aprovechar iniciativas como la ventanilla única de tramitación para reducir las barreras de entrada para las empresas (por ejemplo, reducir la cantidad de días para establecer un nuevo negocio).

Telecomunicaciones: revisar los requisitos de concesión de licencias para facilitar la entrada de nuevos operadores; Incorporar reglas que disciplinen a los grandes actores del mercado con un poder significativo en el mercado, con un enfoque particular en prácticas potencialmente abusivas como la venta por paquetes y la compresión de márgenes; y mejorar la aplicación para implementar la regulación existente para facilitar el acceso a las instalaciones esenciales.

Otras áreas son de carácter legal y hasta legislativos, porque corresponden a legislación existente, o a mercados cerrados directamente por políticas públicas:

Gas: Desarrollar regulación de acceso de terceros.

Radiodifusión: Revisar requisito de tener nacionalidad dominicana para controlar la prestación del servicio.
Azúcar: Considerar eliminar las cuotas de producción y exportación
Electricidad: Revisar los esquemas de tarifas en el sector eléctrico para reflejar los costos reales de producción, transmisión y distribución
Venta al detalle: Revisar la justificación de los controles de precios en los productos al por menor y proponer mecanismos alternativos menos distorsionadores
Fortalecimiento de la aplicación de la política de competencia
Considerar el desarrollo de un marco de control de fusiones para limitar los efectos negativos de la consolidación del mercado.
Incluir el programa de clemencia como parte de los mecanismos de disuasión de carteles en la Ley de Competencia.
Eliminar la duración máxima de las investigaciones (12 meses).
Eliminar la prescripción de 12 meses para que las conductas anticompetitivas sean perseguidas e investigadas por la Agencia de Competencia.
Aumentar el nivel de las sanciones para fomentar la disuasión: calcular las sanciones en función del volumen de negocios/ eliminar los topes de las sanciones.
Implementar la capacidad de ProCompetencia para desarrollar una coordinación y regulación efectiva en conjunto con los reguladores del sector y potenciar los mecanismos de cooperación interinstitucional.
Incrementar los recursos de ProCompetencia incluyendo más personal, independencia para realizar allanamientos y laboratorios técnicos para el procesamiento de evidencia digital.
Implementar medidas para mitigar el conflicto de intereses de la agencia de competencia (por ejemplo, períodos de reflexión)
Desarrollar herramientas para identificar las distorsiones de mercado de las ayudas estatales: implementar un inventario de ayudas estatales, desarrollar herramientas analíticas para comprender el impacto de las ayudas estatales en la competencia.

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