Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Aunque no es de extrañar, la delincuencia ha dicho presente también en la la Procuraduría General de la República, donde una mafia de empleados del Ministerio Público cobraban altas sumas de dinero para eliminar las fichas de importantes criminales.
Este martes la Procuraduría General de la República, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizaron numerosos allanamientos en Santo Domingo y el Distrito Nacional duran te los cuales fueron detenidos unos 20 empleados del Ministerio Público.
Entre los apresados durante los operativos en el que participaron agentes de la Dirección General de Control de Drogas y la Policía se encuentrasn técnicos del departamento de tecnología y de servicios al público.
Algunos de los imputados, que serían enviados a la justicia en las próximas hora se encuentran exintegrantes de organismo de seguridad del Estado, según ha trascendido en fuentes de la investigación.
Los detenidos fueron encerrados en el sótano de la Procuraduría General, de donde son sacados esposados para ser sometidos a interrogatorio por los fiscales.
Se ha vinculado los allanamientos de este martes la Operación Halcón IV durante el cual las autoridades utilizaron, sin necesidad, hasta helicópteros, y un despliegue de tropas militares y de la Policía, con el cual solo se logró apresar a tres hombres.
Los apresados durante esa costosa operación son: Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), quienes están detenidos bajo prisión preventiva dictada por el juez José Rafael de Asís Burgos, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la fiscalía de Santiago presentaron cargos contra Paulino Cáceres por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; así también le atribuye la violación a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; también por transgresión a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad y asociación de malhechores y por violentar las disposiciones de los artículos 4, letra D; 6, letra A; 75, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los tres imputados estarían vinculados a dos supuestos grupos criminales que estarían operando en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal y Moca, así como en algunas prisiones dominicanas.
Joel Ambioris Pimentel García (J)
La operación fue realizada luego de que la procuradora general, Miriam Germán, supuestamente recibiera amenazas contra su hijo a través de un mensaje de Whatsapp, en el cual, alegadamente se expresaba: «Yo le puedo mandar a matar a su hijo» alegadamente enviado por Joel Ambioris Pimentel García (J) de quien se cree que reside en España, y que según su abogado, Tomás Castro, no tiene nada que ver con la justiticia dominicana.
